La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado una iniciativa que otorgaría al Servicio de Administración Tributaria la facultad de suspender temporalmente el acceso a plataformas de streaming que incumplan con sus obligaciones fiscales. Esta medida, que podría implementarse en 2026, representa un cambio significativo en la estrategia de fiscalización de servicios digitales en México.
La propuesta consiste en adicionar un artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, estableciendo un mecanismo mediante el cual las autoridades fiscales tendrían acceso permanente y en tiempo real a la información de los servicios de streaming. Este marco legal busca cerrar las brechas de recaudación que existen actualmente en el sector digital, donde muchas plataformas operan sin una presencia física en el país pero generan importantes volúmenes de negocio.
El fundamento legal actual se encuentra en el artículo 18-B del Impuesto al Valor Agregado, que define como servicios digitales aquellos “prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, cuando dichos servicios son prestados mediante aplicaciones o contenido en formato digital a través de internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir la intervención humana mínima, siempre que por los mismos se cobre una contraprestación”.
Sin embargo, las autoridades consideran que este marco necesita reforzarse ante el crecimiento exponencial del consumo de plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max. El crecimiento sostenido del mercado de streaming en México, con millones de usuarios suscriptores, ha generado preocupación en Hacienda sobre la posible evasión fiscal por parte de algunas plataformas. La dependencia argumenta que es necesario gestionar de forma más eficiente la información de los contribuyentes y los recursos que destinan a estos servicios, estableciendo controles específicos que aseguren un cumplimiento adecuado en el pago de impuestos.
Para evitar el bloqueo, las plataformas deberán cumplir con cuatro requisitos fundamentales: designar un representante legal en México, otorgar un domicilio dentro del territorio nacional, tramitar su firma electrónica avanzada y realizar el pago correspondiente de impuestos. Solo aquellas empresas que no cumplan con estas obligaciones enfrentarían la suspensión temporal de sus servicios.
Las autoridades fiscales han señalado que el objetivo principal de esta regulación es mejorar la eficiencia recaudatoria y generar mayor equidad en el pago de impuestos entre todas las plataformas que operan en el mercado mexicano. Con esta medida, se busca nivelar el campo de juego entre empresas nacionales e internacionales, garantizando que todas contribuyan de manera justa al erario público.
Esta iniciativa forma parte de una tendencia global hacia una mayor regulación fiscal del sector digital, donde varios países han implementado mecanismos similares para asegurar que las empresas tecnológicas multinacionales cumplan con sus obligaciones tributarias locales. El caso mexicano se distingue por la contundencia de la medida propuesta, que directamente afectaría el acceso de los consumidores a los servicios en caso de incumplimiento.
La implementación de este mecanismo representaría un cambio fundamental en la relación entre las autoridades fiscales y las plataformas digitales, estableciendo un precedente importante para la regulación de otros servicios digitales en el futuro.
El éxito de esta medida dependerá de la capacidad de las plataformas para adaptarse a los nuevos requisitos y de la efectividad del SAT para implementar los bloqueos de manera selectiva y proporcional, minimizando el impacto en los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
