Una Estrategia Integral para Desmantelar la Extorsión
El Senado de la República ha dado un paso decisivo en la modernización del sistema de seguridad al aprobar por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta actualización legislativa, diseñada para prevenir, investigar y sancionar con mayor contundencia el delito de extorsión, responde a su identificación como una de las amenazas criminales de mayor crecimiento en el panorama nacional.
La senadora Olga Sosa Ruiz destacó que esta modificación legal representa un avance crucial para proteger el patrimonio y la integridad de las familias mexicanas. La normativa establece la persecución de oficio de este ilícito y busca homologar los tipos penales en todo el territorio, eliminando vacíos legales que aprovechan las redes delictivas. Actualmente, las sanciones varían de manera significativa entre entidades, con penas que oscilan desde uno hasta 30 años de prisión.
Inteligencia Colaborativa y Protección a las Víctimas
El núcleo de esta reforma tiene un enfoque centrado en las víctimas, priorizando la reparación del daño y su protección integral. Según explicó la senadora Sosa Ruiz, esta iniciativa no es aislada, sino que es un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad. Los resultados preliminares son alentadores: desde su activación el pasado 6 de julio, la línea de denuncia anónima 089 ha recibido más de 43 mil reportes, impidiendo la consumación del delito en el 72% de los casos.
Esta sinergia entre la ciudadanía y las autoridades está generando inteligencia accionable en tiempo real, permitiendo detenciones estratégicas y fortaleciendo las investigaciones. La estrategia se despliega de manera focalizada en ocho entidades que concentran el 66% de los incidentes, operando bajo cinco ejes clave: detenciones prioritarias, creación de unidades antiextorsión locales, capacitación especializada en negociación de crisis, campañas de prevención proactivas y la consolidación del 089 como el canal único de denuncia.
