En un giro que solo puede ser calificado de genialidad burocrática, la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados ha decidido que la solución a un error es añadir más trámites. Con la solemnidad de quien descubre un nuevo elemento en la tabla periódica, aprobaron por amplia mayoría el dictamen para enmendar, por tercera vez en un año, los artículos 76 y 78 de la Carta Magna. La misión: convertir al Senado en un notario de lujo, facultado para dar el visto bueno a los nombramientos de los altos mandos de la Guardia Nacional que designe el Ejecutivo. Porque nada asegura más la independencia que un sello legislativo sobre una decisión presidencial en una institución que ahora es militar.
La oposición, en un arrebato de congruencia que bien podría exhibirse en un museo de rarezas políticas, votó en contra. El diputado Alejandro Domínguez, del PRI, profetizó resultados fatales con la precisión de un nostrádamus de tribuna, advirtiendo que la militarización de la seguridad le restará credibilidad a las instituciones. Su argumento, irónicamente, cobra fuerza al recordar los escándalos de robo de combustible en la Marina, una institución que supuestamente ya tenía estos controles. Una verdad incómoda que flota en el aire como un aroma a gasolina sin robar.
Mientras tanto, la diputada Cristina Márquez, del PAN, señaló con el dedo acusador la evidente chapuza: modificar el mismo artículo constitucional tres veces en menos de un año no es señal de profesionalismo, sino el equivalente legislativo a intentar arreglar una fuga con cinta adhesiva. Desde su trinchera ideológica, declaró la guerra a la militarización, un concepto que parece haberse convertido en el villano favorito de la oposición, mientras el oficialismo lo pinta como el héroe necesario.
La pieza de oratoria más deliciosamente cínica vino de la diputada Laura Hernández, de MC, quien anunció que su bancada votaría a favor del dictamen, pero no sin antes soltar un suspiro de profundo pesar por tener que corregir los errores y vacíos normativos creados por la “premura por legislar”. Es decir, avalaron con resignación el parche necesario para un problema que ellos mismos previeron, en un acto de teatro político donde todos interpretan su papel a la perfección: los unos legislando a la carrera, y los otros limpiando la escena, mientras el público asiste atónito a la función.
