El Senado consagra la diplomacia como causa grave de Estado
En un alarde de eficacia que dejaría perplejos a los mismísimos suizos, el oligarca colectivo conocido como Senado de la República ha canonizado una nueva doctrina constitucional: el anhelo de respirar aire extranjero constituye, por sí mismo, una causa gravísima que justifica la inmediata liberación de cualquier responsabilidad nacional. Así, con la celeridad con la que un prestidigitador hace desaparecer un elefante, Morena y sus acólitos aprobaron en vía exprés la dimisión de Alejandro Gertz Manero como procurador máximo de la República, tras descubrirse la enfermedad terminal que lo aquejaba: la irresistible vocación diplomática.
Prescindiendo de formalismos tan burgueses como el debate o la reflexión, el hemiciclo legislativo consumó la hazaña en una hora escasa. Setenta y cuatro sacerdotes del oficialismo—Morena, PT y PVEM—ungieron con su voto la sagrada transición, mientras veintidós paganos del PRI, PAN y MC osaron cuestionar el nuevo dogma, pretendiendo que un cargo de embajador no equivale a una emergencia nacional.
El nuevo evangelio senatorial
La suma sacerdotisa Laura Itzel Castillo, investida de autoridad parlamentaria, proclamó los fundamentos de esta revelación jurídica desde su púlpito: “El Senado de la República, en ejercicio de la infalibilidad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía, acepta y bendice la renuncia del doctor Gertz Manero, por haber calificado como causa de fuerza mayor su irresistible llamado a los canapés y las recepciones diplomáticas”.
Los herejes de la tribuna
En un último y patético intento por defender la racionalidad, Clemente Castañeda, senador por MC, profirió una blasfemia desde la tribuna: afirmó que el deseo de cambiar el escritorio de la fiscalía por una oficina con vistas a los Alpes no constituye, en rigor, una causa grave. Su herejía fue, como era de esperarse, devorada por el huracán de pragmatismo revolucionario que barre con cualquier atisbo de coherencia en el nuevo régimen.
Así queda establecido el precedente glorioso: cualquier funcionario podrá invocar su vocación turística como motivo suficiente para abandonar sus obligaciones, siempre y cuando cuente con el beneplácito del cónclave partidista. La República, sin duda, duerme más tranquila sabiendo que sus instituciones se rigen por esta lógica inquebrantable.
