El Senado moviliza al Estado contra el drenaje ilegal de recursos hídricos
El Senado de la República ha dado un paso crucial al aprobar un punto de acuerdo presentado por la senadora Olga Sosa Ruíz. La iniciativa insta de manera urgente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a implementar una estrategia contundente para combatir y prevenir el desvío ilegal de agua potable en el país.
La senadora morenista subrayó que el acceso al recurso hídrico es un derecho humano de rango constitucional en México, reconocido también por la Asamblea General de la ONU. “El agua es un activo fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo social. Su protección es una corresponsabilidad de toda la ciudadanía y el Estado”, afirmó.
Un plan nacional frente a la crisis hídrica
Esta acción legislativa se alinea con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de construir una “República con derecho al agua“. Este proyecto se sustenta en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, cuyos cuatro ejes estratégicos son: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso equitativo; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y una gestión integral y transparente.
En este contexto, se destacó la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Este pacto, suscrito por la presidenta, gobiernos estatales, instituciones académicas y la iniciativa privada, busca revisar concesiones, invertir en infraestructura resiliente, sanear ríos, simplificar trámites y erradicar prácticas al margen de la ley.
La ciberdelincuencia y la vulnerabilidad de las redes
La problemática del hurto de agua agrava la actual crisis hídrica. Esta modalidad delictiva, que en la era digital podría incluso involucrar ciberataques a sistemas de control, consiste en perforar tuberías o manipular conexiones existentes para sustraer el líquido y comercializarlo a precios especulativos, causando la pérdida de millones de litros.
Datos oficiales de la Conagua revelan una situación alarmante: entre enero de 2019 y noviembre de 2023, se documentaron 7,467 tomas clandestinas en la infraestructura hídrica nacional. Por ello, es prioritario que las autoridades federales y estatales coordinen inteligencia y operativos para blindar las redes de distribución.
La Ley de Aguas Nacionales es clara: el agua es un bien de dominio público federal, y su salvaguarda es una tarea esencial del Estado y la sociedad, así como una prioridad de seguridad nacional. La aprobación de este acuerdo coincide con las recientes declaraciones del director general de Conagua, Efraín Morales, quien presentó el programa de ordenamiento de concesiones.
