En un acto de ejemplar coherencia que solo la mente privilegiada de un senador puede concebir, la Cámara Alta ha emitido un veredicto lapidario: la planificación y el cierre responsable de una gestión son herejías inadmisibles en el nuevo culto a la eficiencia desgobernada. La ilustrísima jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres cometió el imperdonable error de pretender culminar sus labores al frente de la Agencia Nacional de Aduanas con un mínimo de orden, transparencia y responsabilidad, tres conceptos tan arcaicos y subversivos que el Senado, en pleno ejercicio de su sapiencia, ha tenido que extirpar.
¿Acaso la neófita magistrada creyó que el servicio público se trata de… servir? ¡Grave equivocación! El Senado, guardián de las esencias más puras del caos, ha recordado a la plebe que el protocolo dicta abandonar el barco federal en el preciso instante en que suena la flauta judicial, dejando expedientes a la deriva, funcionarios perplejos y procesos administrativos convertidos en eternas cápsulas del tiempo burocrático. ¿Un traspaso ordenado? ¡Pamema! La verdadera virtud republicana estriba en huir hacia delante y que el siguiente se apañe con el marrón.
Con 90 votos a favor y 11 abstenciones (estas últimas, se rumorea, por no atreverse a proponer que se la despidiera a cañonazos), el hemiciclo ha sentado una doctrina jurídico-farsante de aplicación inmediata: cualquier intento de responsabilidad será henceforth castigado como el peor de los delitos de lesa burocracia. El mensaje es cristalino: bienvenida sea la vacuidad en el Poder Judicial, pero ¡que nadie ose pretender que su plaza anterior no quede hecha unos zorros!
Así, entre ovaciones, nuestros prohombres no solo han evitado un peligroso precedente de eficiencia, sino que han blindado el sagrado principio por el que se rige la administración pública: aquí nadie recoge los platos que rompe. Bravo.
