Un proceso crucial que he visto repetirse: la selección del Fiscal
Tras décadas observando la vida política y judicial de nuestro país, he aprendido que momentos como la elección de un Fiscal General de la República definen el rumbo institucional por años. La noticia de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado ha reducido la nómina de 43 a 10 aspirantes para suceder a Alejandro Gertz Manero no es un simple trámite. Es el primer filtro real, donde la negociación entre fuerzas políticas deja una huella imborrable en el proceso. La vacante, abierta desde la renuncia del pasado 27 de noviembre, exige no solo un nombre, sino una dirección clara para la institución.
La composición de la lista, con cinco hombres y cinco mujeres, incluida la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Ramos, habla de un equilibrio buscado. En mi experiencia, estos equilibrios no son casualidad; son el resultado de intensas conversaciones tras bambalinas. Los nombres que sobreviven a este corte suelen ser aquellos con un perfil que, en teoría, puede conciliar voluntades diversas. La lista la completan Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.
La verdadera prueba comienza en el pleno
He sido testigo de cómo los acuerdos en comisiones pueden desvanecerse ante el escrutinio público del pleno. La lista seleccionada por la Jucopo enfrentará este martes su primer gran obstáculo: el voto de la totalidad de los senadores, requiriendo una mayoría calificada de dos terceras partes. Este requisito no es un detalle menor. Es una barrera diseñada para forjar consensos amplios, aunque en la práctica, a menudo revela las fracturas existentes. Aprobarla es solo el primer paso en un camino largo.
La lección aprendida en procesos anteriores es que la lista avalada por el Senado es, en realidad, una cantera. La Presidenta de la República recibirá ese listado y tendrá la delicada tarea de integrar una terna final. Aquí es donde el conocimiento práctico se vuelve clave: el Ejecutivo debe balancear no solo méritos, sino viabilidad política y alineación con una agenda de gobierno, para luego devolverla al Senado para la elección definitiva. El cargo, con un mandato de nueve años, es una apuesta a largo plazo que trasciende administraciones.
Más allá del papel: la comparecencia y el proyecto
Finalmente, y esto es algo que solo se valora con la experiencia, el proceso no termina con los nombres en un papel. Las personas que integren la terna final tendrán que comparecer ante el pleno del Senado. He visto a brillantes juristas tambalearse en esta etapa y a candidatos menos glamorosos ganar credibilidad. No se trata solo de un proyecto de trabajo escrito; se trata de demostrar solidez, transparencia y, sobre todo, la fortaleza para operar con autonomía frente a los poderes que los están eligiendo. Es en esa comparecencia donde la teoría choca con la expectativa pública y la dura realidad política. El verdadero reto comienza una vez que se obtiene el nombramiento.
