CIUDAD DE MÉXICO.- El reloj político comienza su cuenta regresiva. Esta semana, el Senado de la República iniciará el proceso formal para designar a la persona que comandará la Fiscalía General de la República (FGR), una figura clave cuya gestión se extenderá hasta diciembre de 2034. Pero, ¿qué intereses y equilibrios de poder se mueven tras el protocolo aparentemente frío de las votaciones?
Tras cerrarse el registro de aspirantes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunirá este martas. Su misión: depurar los expedientes y seleccionar una lista de al menos diez nombres. Este filtro inicial, realizado a puerta cerrada, es el primer escollo y la primera incógnita. ¿Qué criterios, más allá de los formales, pesarán en esta criba? La lista resultante será enviada a la Presidencia de la República, detonando el siguiente paso.
La convocatoria, un documento público cargado de formalismos, establece el guion: “el martes 2 de diciembre de 2025, la Junta de Coordinación Política realizará la verificación de los expedientes… y seleccionará al menos a diez personas”. Sin embargo, la investigación periodística persiste en preguntar: ¿la verificación se limitará a revisar papeles, o indagará en trayectorias, conflictos de interés y vínculos no declarados?
El texto oficial continúa: “La propuesta… será presentada para su votación en el Pleno… y en caso de no obtenerse el voto aprobatorio… se realizará de manera inmediata una segunda votación”. Este mecanismo de votación sucesiva revela la previsión de un forcejeo político. La persistente pregunta es: si la lista es rechazada, ¿la nueva propuesta de la Jucopo representará un genuino consenso o será fruto de una negociación apresurada y opaca?
Una vez superado el trámite senatorial, la pelota pasa al Ejecutivo Federal. La convocatoria señala que la lista “se remitirá a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en la Constitución”. La Presidenta de la República deberá entonces destilar esa decena de nombres en una terna definitiva. Este es el momento de mayor influencia presidencial en el proceso. ¿Reflejará la terna una diversidad de perfiles o será una selección que priorice la alineación con el proyecto de gobierno?
El acto final será la comparecencia pública de los tres finalistas. El protocolo es estricto y, algunos dirían, limitante: “Cada persona candidata dispondrá de un tiempo de hasta 20 minutos para exponer su proyecto de trabajo. No se permitirá la formulación de preguntas”. Este formato convierte la audiencia en un monólogo cuidadosamente preparado, evitando el escrutinio directo y el contraste inmediato. ¿Qué queda fuera de la vista pública en un proceso que decide el liderazgo de la institución de justicia más importante del país?
La persona designada rendirá protesta “en la misma sesión en la que resulte electa”, cerrando un proceso exprés. La conclusión que emerge de este análisis no es solo la descripción de un procedimiento, sino la revelación de sus silencios. El verdadero debate, las preguntas incómodas y la evaluación profunda de los candidatos parecen confinados a los espacios donde la ciudadanía no tiene acceso. La designación de un fiscal para nueve años se decide en un marco que, aunque legal, privilegia la celeridad y el control político sobre la deliberación transparente y el escrutinio exhaustivo, planteando un desafío fundamental para la rendición de cuentas y la independencia judicial en México.
