El Momento Decisivo de una Ley Crucial
En mis años observando el pulso legislativo, he aprendido que hay proyectos que marcan un antes y un después. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es uno de ellos. Recuerdo iniciativas similares que se diluyeron en discusiones infinitas, pero el anuncio del vicecoordinador Ignacio Mier Velazco sobre una doble sesión ordinaria el próximo 19 de noviembre indica una urgencia y una voluntad política que no siempre se ve.
La experiencia me ha enseñado que el diablo está en los detalles. No basta con tener una ley; debe ser precisa y robusta. Por eso, el trabajo previo de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos es fundamental. He visto cómo proyectos bienintencionados naufragaron por una redacción ambigua. Los cambios que se discuten, como el incremento de las penalidades para cerrar la puerta a liberaciones prematuras y la capacitación especializada de los ministerios públicos, no son meros tecnicismos. Son los cimientos que determinarán si esta normativa será un instrumento efectivo o solo otro documento olvidado.
El Arte del Consenso y los Límites Negociables
En este oficio, la sabiduría práctica reside en saber qué se puede ceder y qué es innegociable. La postura de la senadora Carolina Viggiano es un claro ejemplo. Su bancada apoyará la iniciativa, pero con una condición inquebrantable: mantener o elevar las sanciones para los funcionarios cómplices. He sido testigo de cómo la tentación de suavizar las condenas para lograr un consenso rápido puede vaciar de contenido una ley. Su advertencia es clara: reducir esas penas sería una derrota para la ciudadanía y una victoria para la impunidad.
Más allá de los titulares, el verdadero desafío, que he visto repetirse en múltiples reformas, es la armonización legislativa. Una ley federal que colisione con los marcos normativos estatales crea un limbo jurídico que los delincuentes aprovechan. La revisión de los alcances legales no es un trámite burocrático; es una lección aprendida a fuerza de ver fallar otras iniciativas. Paralelamente, la designación de nuevos magistrados para los órganos electorales locales recuerda que la vida democrática y la seguridad jurídica son dos caras de la misma moneda.
Este momento es más que una sesión; es la cristalización de lecciones del pasado aplicadas a uno de los flagelos que más afecta la confianza social. El resultado dirá mucho sobre nuestra capacidad real de aprender de la experiencia.
