Un Voto que Define Más que Nombres: La Arquitectura del Poder Judicial
Con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, el Senado de la República no solo aprobó una lista de diez aspirantes a la Fiscalía General. Lo que realmente endosó fue un modelo de gobernanza, una visión—o quizá una rendición—sobre cómo se construye la independencia judicial en un panorama político polarizado. La sustitución de última hora de Alfredo Barrera Flores por Félix Roel Herrera Antonio no es un mero ajuste técnico; es el síntoma de un sistema que, en lugar de depurar, filtra por lealtad. La denuncia de la senadora Claudia Anaya, quien señala que Barrera Flores fue excluido por sus críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, transforma el proceso en una pregunta incómoda: ¿se elige al fiscal más idóneo o al más conveniente?
La Lista: ¿Un Catálogo de Conformidad o un Mosaico de Competencias?
Los diez nombres—Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Félix Roel Herrera Antonio, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado—ahora conforman un rompecabezas cuyo diseño final decidirá la presidenta. Pero imaginemos por un momento un proceso disruptivo: ¿y si la terna no se limitara a juristas dentro del circuito tradicional? ¿Si incluyera a un experto en ciberseguridad para combatir delitos digitales, o a un especialista en inteligencia financiera para desmantelar patrimonios ilícitos? La verdadera innovación no estaría en los nombres, sino en redefinir radicalmente el perfil del fiscal general para el siglo XXI, trascendiendo la mera trayectoria política o judicial.
La Controversia como Oportunidad: Hacia un Sistema Inmune a la Presión
La polémica por la eliminación de Barrera Flores no debe verse solo como una fricción partidista. Es la grieta perfecta para instalar una idea revolucionaria: un proceso de selección completamente transparente, auditable públicamente y con criterios de evaluación objetivos y medibles, blindados contra la discrecionalidad. ¿Qué tal un sistema donde cada aspirante enfrente preguntas ciudadanas en vivo, o donde su historial sea analizado por algoritmos de integridad? El status quo nos ofrece una lista aprobada; el pensamiento lateral exige un mecanismo que convierta la desconfianza en credibilidad. El verdadero poder no es elegir al fiscal, sino diseñar el proceso que haga imposible elegir mal.
Este momento es más que un trámite legislativo. Es la encrucijada donde México puede optar por replicar las viejas fórmulas de control o puede atreverse a ingeniar un nuevo protocolo para la justicia, donde la independencia no se negocie en votaciones, sino que esté codificada en el método mismo. La pregunta visionaria es: ¿construiremos una fiscalía a la altura de los desafíos del país o solo una más a la altura del gobierno en turno?
