Una Reforma que Redefine el Control de la Fuerza de Seguridad
Con una celeridad que ha levantado interrogantes en los círculos políticos, el pleno de la Cámara de Diputados ha emitido la declaratoria de constitucionalidad de una modificación a la Carta Magna. Esta enmienda, que altera los artículos 76 y 78, concede al Senado de la República y a su Comisión Permanente una potestad inédita: la de ratificar los nombramientos de coroneles y demás jefes superiores de la Guardia Nacional propuestos por el Presidente de la República.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿qué impulsa esta modificación en un tema tan sensible como la cadena de mando de la principal corporación de seguridad pública? El dictamen, avalado la semana pasada por una contundente mayoría de 348 votos a favor de la coalición oficialista, se enfrentó a 98 votos en contra de los partidos de oposición, marcando una clara división en el congreso.
Sin embargo, la verdadera historia podría residir en la velocidad del proceso de federalización. ¿Cómo es posible que en apenas siete días, 21 congresos locales hayan aprobado idénticamente la reforma? Un análisis de la lista de legislaturas que dieron su aval—entre ellas, entidades con contextos de seguridad tan complejos como Michoacán, Sonora y Tamaulipas—revela una coordinación política casi perfecta, planteando dudas sobre la profundidad del debate local.
La declaratoria oficial, leída por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, se ampara en el artículo 135 constitucional. Pero más allá del formalismo legal, esta reforma constituye un cambio de paradigma. Al otorgar al Senado la facultad de ratificar los grados superiores de la Guardia Nacional, se introduce un nuevo equilibrio de poderes, un contrapeso legislativo a la discrecionalidad presidencial en los ascensos castrenses.
La investigación revela que, tras la declaratoria, el expediente ha sido remitido a la Cámara de Senadores para su ejecución. La conclusión es ineludible: el control sobre los mandos de la Guardia Nacional ya no recaerá exclusivamente en el Ejecutivo. Este movimiento, envuelto en una eficiencia legislativa sin precedentes, no solo modifica la Constitución; redefine silenciosamente los hilos del poder en la seguridad nacional de México, entregando al Senado una llave crucial en la estructura de mando de la fuerza civil más importante del país.
