El Senado propone un seguro de desempleo como derecho constitucional

¿Y si el desempleo dejara de ser un riesgo individual para convertirse en una responsabilidad colectiva? El Senado de la República está revolucionando el concepto tradicional de protección laboral al impulsar un seguro de desempleo nacional, no como un mero parche temporal, sino como un derecho social constitucional. Esta iniciativa no solo ofrece un salvavidas económico, sino que replantea la relación entre Estado, mercado y ciudadanía.

Inspirada en modelos exitosos de Querétaro y la CDMX, la reforma al artículo 4° constitucional podría marcar un punto de inflexión histórico. “No se trata solo de dar pescado, sino de enseñar a pescar mientras se evita el hambre”, afirma el senador Agustín Dorantes, proponiendo un sistema integral que combine subsidios con capacitación y reinserción laboral.

En un país donde más de 400,000 empleos formales desaparecieron solo en diciembre pasado (según el IMSS), esta iniciativa desafía el dogma de que la seguridad económica debe depender únicamente del empleador. ¿Podría este modelo inspirar una nueva generación de políticas públicas que vean el desempleo no como fracaso personal, sino como falla sistémica?

Mientras algunos ven solo el costo fiscal, los impulsores visualizan beneficios estratégicos: mayor estabilidad social, consumo sostenido y movilidad laboral ágil. En Querétaro, los beneficiarios reciben hasta $10,500 pesos mensuales, demostrando que es posible crear redes de seguridad sin paralizar la economía.

Esta propuesta no es solo una política social, sino una reinvención del contrato social para la era de la disrupción laboral. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo piso de derechos fundamentales que reconozca la precariedad como riesgo colectivo y no individual?