La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República emprenderá un análisis exhaustivo del marco regulatorio vigente, el estricto cumplimiento de las normas de pesos y dimensiones vehiculares, así como la verificación técnica de pipas, tráileres y unidades de doble remolque que transitan por núcleos urbanos sin restricciones horarias, transportando combustibles y sustancias químicas peligrosas.
Así lo afirmó la presidenta de dicha comisión, Mariela Gutiérrez Escalante, quien expresó su profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, donde 11 personas perdieron la vida y más de 70 resultaron lesionadas con graves quemaduras. Este suceso, señaló, constituye una severa llamada de atención no solo para las autoridades del sector, sino también para el Poder Legislativo.
La senadora expuso que los siniestros que involucran a pipas de doble remolque en México representan un problema recurrente y de alta peligrosidad, particularmente cuando estas unidades transportan materiales altamente inflamables como gas licuado de petróleo (LP), gasolinas y compuestos químicos. Factores como el exceso de velocidad, el pavimento mojado, fallas mecánicas o la falta de pericia de los operadores pueden desencadenar explosiones catastróficas, volcaduras y el colapso de estructuras viales, poniendo en grave riesgo a conductores y peatones.
La legisladora por Morena destacó que, según estadísticas de la última década, al menos medio centenar de personas han fallecido a causa de impactos con pipas de gas en México, con un saldo de casi 200 heridos. Estas cifras, advirtió, no incluyen los accidentes con vehículos que transportan productos químicos, gasolinas o los dobles remolques, por lo que la magnitud real del problema es aún mayor.
En este contexto, recordó que en 2022 se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, un instrumento jurídico diseñado para reducir las persistently altas cifras de muertes ocasionadas por siniestros de tránsito y para promover el acceso equitativo y sostenible a los servicios de transporte para toda la población.
Citó datos de la Organización Panamericana de la Salud, que indican que, a pesar de los extensos esfuerzos realizados a nivel nacional y subnacional, el país, con una población de casi 130 millones de habitantes, ha visto cómo las muertes causadas por el tránsito se han mantenido en niveles constantemente elevados en los últimos años, registrándose más de 16,000 fallecimientos en 2016.
“Resulta imperativo realizar un trabajo interdisciplinario y de corresponsabilidad, involucrando a diversas comisiones y dependencias de los tres órdenes de gobierno, para definir cómo evitamos que este tipo de transportes de alto riesgo circulen por zonas urbanas y poblaciones, con los peligros que todos conocemos”, puntualizó Gutiérrez Escalante.
