El SNTE acusa a maestros disidentes de sabotear instituciones educativas

CIUDAD DE MÉXICO — ¿Qué define a un “verdadero maestro”? Esta pregunta resuena tras las polémicas declaraciones de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien durante el 69 aniversario de la Sección 45 en Guanajuato lanzó un dardo envenenado: “Los auténticos educadores construyen la patria, no destruyen instituciones”. Una afirmación que, según documentos internos obtenidos por este medio, apunta directamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus aliados.

Pero, ¿qué hay detrás de esta escalada retórica? Fuentes cercanas a ambas facciones revelan que el conflicto se intensificó tras el vandalismo del 5 de junio en la sede nacional del SNTE, donde la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (Ceteg) causó daños valuados en 35 millones de pesos. “No fue protesta, fue sabotaje”, afirma un informe interno del sindicato al que tuvimos acceso.

La investigación de este medio descubrió que la tensión va más allá de los enfrentamientos físicos. Mientras el SNTE insiste en cobrar reparaciones económicas a las secciones disidentes —especialmente la emblemática Sección 22 de Oaxaca—, documentos filtrados muestran que estas medidas podrían afectar directamente el flujo de recursos sindicales que financian actividades académicas en regiones marginadas.

Emilio Montero, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, advirtió en entrevista exclusiva: “Cada peso descontado es un paso hacia el colapso del sistema educativo en comunidades indígenas”. Una afirmación que contrasta con la postura oficial del SNTE, que promueve sanciones económicas como mecanismo disciplinario.

El jueves 6 de julio, el conflicto escaló cuando manifestantes tomaron instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque la CNTE negó los destrozos —”Fue una ocupación pacífica”, insistió su comunicado—, testigos describieron a este medio escenas de caos: “Rompiendo archivos, gritando consignas… Era una advertencia”, confesó un empleado bajo condición de anonimato.

Lo más revelador surgió al cruzar datos: las autoridades federales accedieron a devolver 10 millones de pesos en descuentos a la disidencia horas después de las protestas. ¿Coincidencia o capitulación? Expertos consultados sugieren que el gobierno federal está jugando un peligroso equilibrio entre el diálogo y la contención de un conflicto que, según cifras no oficiales, ya ha dejado 14 plantones y 3 edificios vandalizados en lo que va del año.

Mientras el SNTE insiste en su carácter democrático —”Solo dos secciones rechazan el voto universal”, destacó Cepeda—, las bases disidentes acusan manipulación. “Quieren silenciarnos con dinero o con fuerza”, declaró una maestra de la Sección 18 de Michoacán durante una asamblea grabada en secreto por nuestro equipo.

Este rompecabezas de versiones enfrentadas deja una pregunta crucial: ¿Está el sistema educativo mexicano siendo víctima de sus propias contradicciones? Con pensiones en riesgo, salarios estancados y dos visiones irreconciliables sobre el futuro de la educación pública, la respuesta parece inclinarse hacia un sí rotundo.