En un acto de extraordinaria clarividencia burocrática, el sagrado consejo de augures financieros de Banamex ha descendido del Olimpo corporativo para iluminarnos acerca de las recientemente promulgadas Normas Oficiales Mexicanas, esas tablas de la ley que prometen transformar el manejo del gas licuado de petróleo de actividad temeraria a ceremonia regulatoria.
Las nuevas disposiciones, bautizadas bajo el críptico nombre de NOM-006A/007A-2025, surgieron cual Minerva armada de la cabeza de Júpiter de las profundidades de la Semarnat y la ASEA, para consagrar en papel lo que el sentido común había extraviado en el camino: que transportar combustible explosivo requiere ciertas precauciones.
El oráculo financiero, en su infinito pragmatismo, nos revela que estas normas “responden a incidentes recientes”, eufemismo burocrático que designa esas molestas explosiones que ocasionalmente reducen viviendas a escombros y familias a estadísticas. Considerando que más del 80% de los hogares mexicanos dependen de este elixir inflamable para sus actividades culinarias, el genio financiero ha calculado con precisión suiza que salvar vidas humanas podría generar “ligeras presiones temporales en la inflación“.
He aquí el sublime equilibrio de la tecnocracia moderna: ¿cuántas muertes evitamos por cada punto porcentual de inflación? Los sabios de Banamex han resuelto este dilema ético con elegancia cartesiana: implementar la seguridad costará entre 800 y 1,300 millones de pesos, cifra que representa apenas 0.04 puntos porcentuales en la inflación no subyacente. ¡Qué ganga existencial!
Mientras los ciudadanos comunes se preocupan por trivialidades como no volar por los aires al encender sus estufas, la verdadera tragedia, nos advierten los augures, sería alterar sus proyecciones inflacionarias para 2026, sagradamente fijadas en 4.3%. El Banco de México deberá mantener su mirada fija en el comportamiento de los precios, vigilando que el valor de la vida humana no afecte las expectativas de mercado.
La ironía suprema reside en que estas medidas de seguridad, diseñadas para proteger a los consumidores, podrían terminar eliminando a los distribuidores más pequeños, aumentando así la concentración de mercado. Como en las mejores tragedias griegas, el remedio contiene el veneno: la seguridad se convierte en barrera de entrada, la regulación en instrumento de oligopolio.
Mientras tanto, la tarifa de distribución ya ha escalado a su nivel más alto en cinco años, y en lugares como Puebla los consumidores han experimentado aumentos de hasta 21.8%. Así funciona el milagro regulatorio: primero te explotas por la falta de normas, luego te asfixias económicamente por su implementación.
En este gran teatro de lo absurdo, la seguridad se cotiza en pesos, las vidas en puntos porcentuales, y la corrupción -esa vieja conocida- merodea entre líneas como fantasma que nadie nombra pero todos esperan. Bienvenidos al progreso, donde lo único que no inflaciona es la ironía.
