Desde mi experiencia en el ámbito de la salud pública y la política social, he sido testigo de cómo las barreras económicas, por pequeñas que parezcan, pueden truncar proyectos de vida. La propuesta de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara Alta para establecer una tasa del 0% de IVA a los métodos anticonceptivos no es un mero tecnicismo fiscal; es una cuestión de sentido común y justicia social que he visto debatirse durante años.
He recorrido centros de salud en comunidades vulnerables donde la disyuntiva entre comprar alimentos o una caja de preservativos es desgarradoramente real. Por eso, la iniciativa de la senadora Geovanna Bañuelos, que busca adicionar un inciso a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cala hondo. No se trata de productos suntuarios, como he escuchado argumentar a algunos colegas en el pasado, sino de instrumentos esenciales para la autonomía corporal, la prevención y la equidad.
El acceso a la anticoncepción es, sin lugar a dudas, un pilar fundamental de la salud pública y del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. A lo largo de mi carrera, he comprobado que son herramientas que empoderan, permitiendo a las personas planificar su familia, su educación y su futuro profesional, al tiempo que reducen riesgos sanitarios que históricamente han recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Sin embargo, en la práctica, persisten obstáculos económicos que limitan su adquisición. Un gasto adicional, aunque aparentemente mínimo, puede ser la diferencia entre acceder o no a estos insumos básicos. Esta propuesta representa un paso contundente para reconocer, de una vez por todas, que los anticonceptivos no son bienes de lujo, sino una necesidad.
Al eliminar este gravamen, se reduce de manera directa el costo de condones, pastillas y la anticoncepción de emergencia, facilitando que las personas en situación de vulnerabilidad puedan utilizarlos sin que el precio se convierta en un impedimento. Más que una medida tributaria, es un catalizador potente para la inclusión y la construcción de una sociedad más justa e informada.
