Desde mi experiencia en el ámbito legal y de gestión de crisis, he sido testigo de cómo la verdadera prueba de una empresa no es si evita los incidentes, sino cómo responde cuando estos ocurren. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde Luján, confirmó que se impulsará un proceso penal enfocado en la reparación integral del daño para las víctimas de la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.
He aprendido que la justicia debe ser ágil y priorizar a quienes más lo necesitan. En este sentido, la fiscal afirmó que, a pesar del lamentable fallecimiento del conductor, identificado como Fernando Soto Munguía, la investigación y la causa penal continúan su curso de manera implacable. El foco no está solo en un individuo, sino en un sistema.
El núcleo de la indagatoria, como suele suceder en estos casos complejos, se centra en las condiciones operativas y el estricto cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa propietaria de la unidad, Silza. La teoría de los manuales de compliance es una cosa; la práctica de su aplicación diaria, es otra muy distinta.
Lo que resulta particularmente significativo, y algo que he visto marcar la diferencia en casos anteriores, es la actitud de la empresa involucrada. La fiscal Alcalde Luján, en conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la compañía ya compareció ante el Ministerio Público, ha colaborado activamente con las autoridades y, lo más crucial, manifestó una clara disposición para aportar recursos económicos propios destinados a la reparación del daño. Esto va más allá de limitarse a las pólizas de seguro exhibidas, que ascienden a cuatro y están vigentes.
En mi trayectoria, esta voluntad de asumir responsabilidad financiera de manera proactiva es un indicador poderoso. No solo se trata de cumplir con una obligación legal; se trata de un compromiso tangible con la comunidad afectada. “Más allá de las pólizas de seguro, la empresa ha manifestado su voluntad de aportar recursos económicos propios para integrar los montos de reparación del daño”, recalcó la fiscal. Este es el tipo de acción que, aunque no borra el dolor, puede iniciar un camino hacia la reparación y la justicia restaurativa que las víctimas y sus familias merecen.
