La Red Nacional de Refugios (RNR) advirtió sobre el grave riesgo que enfrentan los refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia de género en México, luego de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla absorber el programa “Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” dentro de una partida más amplia y genérica, sin un desglose claro de recursos.
De acuerdo con la RNR, el nuevo fondo denominado “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas” contempla un monto global de 857 millones de pesos, pero no especifica cuánto de ese dinero se destinará realmente a los refugios, lo que —según la organización— pone en riesgo su operación, autonomía y transparencia.
Durante los primeros nueve meses de 2025, la Red brindó atención y protección a 9 864 mujeres, niñas y niños, además de registrar un aumento del 304 % en la demanda de apoyo en sus Centros de Atención Externa respecto al año anterior. Estas cifras reflejan el crecimiento constante de la violencia de género en el país.
La organización también destacó que en los últimos seis años las lesiones dolosas contra mujeres aumentaron 31.6 %, mientras que los casos de violencia familiar crecieron 15.3 %, datos que subrayan la necesidad de mantener —e incluso fortalecer— los recursos destinados a los refugios.
La RNR hizo un llamado urgente al Gobierno Federal y a los legisladores para garantizar la continuidad y suficiencia presupuestal de estos espacios de protección, que son, en muchos casos, la única alternativa segura para mujeres que huyen de contextos de violencia extrema.
“Los refugios salvan vidas; su financiamiento no puede depender de partidas difusas ni de decisiones discrecionales”, enfatizó la Red Nacional de Refugios.
Con el presupuesto aún en discusión, el futuro de estos espacios esenciales queda en la incertidumbre, generando preocupación entre activistas, colectivos feministas y organizaciones civiles que atienden a miles de mujeres y menores en situación de riesgo cada año.
