Estados Unidos impone fianza aduanera a tomates mexicanos como si fueran narcobalas

En un giro tragicómico que haría llorar a Jonathan Swift, el gobierno estadounidense ha decidido tratar los tomates mexicanos con el mismo rigor que a un cargamento de cocaína. Para “proteger” a sus agricultores (léase: megaempresas subsidiadas), exigirá una fianza aduanera continua que convierte cada jitomate en un potencial criminal fronterizo.

El Acuerdo de Suspensión del Tomate, que suena a tregua entre mafias de vegetales, ha expirado, dejando a los productores mexicanos en un absurdo jurídico-financiero digno de Kafka: calcular 12 meses de exportaciones futuras para pagar por adelantado el derecho a vender sus productos. Como si los agricultores tuvieran bolas de cristal en lugar de sembradíos.

Las autoridades aduaneras de EU, siempre tan creativas para inventar trabas, han diseñado un sistema donde el tomate paga su condena antes de cruzar la frontera. Si el cálculo de aranceles supera el millón de dólares (equivalente a 5,882 toneladas de deliciosa culpabilidad), la fianza se redondea a los 100 mil dólares más cercanos, porque en el imperio de la libre empresa, hasta los decimales son sospechosos.

Mientras los burócratas celebran su ingenio proteccionista, los consumidores norteamericanos pronto descubrirán que su salsa favorita ahora cuesta lo mismo que un órgano vital. Pero no se preocupen: el Departamento de Comercio ha determinado científicamente que los tomates mexicanos son un 17.09% más peligrosos que los locales, aunque aún no explican si el “dumping” se mide en jugo o en corrupción institucional.

Como en toda buena distopía orwelliana, los costos terminan recayendo en los eslabones más débiles: agricultores que ven cómo su cosecha se convierte en rehén financiero e importadores obligados a navegar un mar de formularios donde cada firma equivale a un año de vida útil perdida. Todo ello, por supuesto, en nombre del libre mercado… o de su parodia más grotesca.