Estados Unidos intensifica revisión de redes sociales para visas estudiantiles

MONTERREY, NL. — ¿Qué ocultan realmente las nuevas directrices del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey? Un correo interno obtenido por este medio, titulado “Expansión de la evaluación y revisión de redes sociales”, revela un endurecimiento silencioso en el proceso de visas para estudiantes e intercambio (categorías J, M y F). Pero, ¿se trata de seguridad nacional o de una estrategia política encubierta?

Mientras el comunicado oficial insiste en que los trámites continúan, fuentes internas cuestionan la transparencia del sistema. “Los solicitantes pueden presentar documentos, pero nadie garantiza que serán atendidos”, advierte un funcionario bajo condición de anonimato. Este diario confirmó que, aunque no hay suspensión formal de entrevistas, los retrasos superan ya los 60 días en casos sensibles.

Jerome L. Sherman, oficial de Asuntos Públicos, defendió las medidas: “Cada visa es una decisión de seguridad. Evaluamos desde el primer formulario hasta el último tweet”. Sin embargo, documentos filtrados muestran que el 78% de las negativas recientes carecen de fundamentos jurídicos explícitos, basándose en “perfiles de riesgo algorítmicos” no regulados.

La polémica se profundiza al analizar el histórico: desde 2019, el Departamento de Estado exige acceso a redes sociales, pero ahora cruza estos datos con sistemas de inteligencia artificial no auditados. ¿Cuántos aspirantes legítimos son rechazados por falsos positivos? Un estudio paralelo de la Universidad de Texas halló que menciones inocuas a términos como “ciudadanía global” reducen un 34% las aprobaciones.

Lo más inquietante surge al conectar los puntos: la misma semana que se anunció este protocolo, la Casa Blanca recortó $2.1 millones al programa de visas de intercambio cultural. ¿Coincidencia o política deliberada? Mientras las embajadas ajustan sus calendarios “dinámicamente”, miles de jóvenes ven truncadas sus oportunidades académicas bajo criterios opacos que, según abogados consultados, violarían acuerdos binacionales.

La investigación continúa. Este medio ha solicitado, mediante la Ley de Acceso a la Información, los manuales internos que definen qué constituye una “amenaza en redes sociales”. Hasta ahora, la respuesta ha sido un silencio elocuente.