Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y señalado como cabecilla del grupo delictivo La Barredora, ha interpuesto un recurso de amparo para desafiar la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. Una pregunta crucial se cierne sobre este caso: ¿por qué la Fiscalía General de la República (FGR) se ha abstenido de ejecutar este mandamiento judicial?
La investigación revela que Daniel Marcelino Niño Jiménez, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, ha admitido a trámite la demanda de garantías del ex Secretario de Seguridad de Tabasco. Los expedientes judiciales consultados muestran que, si bien Bermúdez solicitó la suspensión del mandamiento de captura, el magistrado no ha hecho pública en las listas de acuerdos la concesión de esta medida cautelar a favor del antiguo mando policial.
Sin embargo, las indagaciones periodísticas han logrado establecer las fechas clave del proceso. Niño Jiménez ha fijado para el próximo 7 de octubre la audiencia incidental donde se resolverá si se otorga la suspensión definitiva. Además, se ha programado para el 5 de noviembre la audiencia constitucional, la última etapa procesal necesaria para dictar la sentencia definitiva del amparo.
Profundizando en los antecedentes, este medio pudo acceder a la resolución del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El documento, girado un día antes del regreso de Bermúdez a México desde Paraguay, ordena su aprehensión por delincuencia organizada a petición de la FGR. La misma providencia instruye la captura de otros presuntos integrantes de La Barredora: Daniel Hernández Montejo (“El Prada”), José del Carmen Castillo Ramírez (“La Rana”), Savier Eduardo Vázquez Orellana (“El Blin Blin”) y Manuel de Atocha Romero Hernández.
La acusación federal, obtenida de fuentes documentales confiables, es contundente: se imputa a Bermúdez la creación de la estructura criminal desde su posición como jefe de la Policía de Investigación y posterior titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en 2019. Según la imputación federal, el acusado habría utilizado su cargo público para encarcelar o ejecutar a narcotraficantes que controlaban los negocios ilícitos en la entidad, transformando posteriormente la institución policial bajo su mando en una organización que administraría todas las actividades delictivas en la región.
La narrativa oficial indica que la noche del 18 de septiembre, Bermúdez fue ingresado al Penal del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez, tras ser deportado por Paraguay. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, la FGR ejecutó una orden de aprehensión diferente, librada por un juez del fuero común de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, ilícitos por los que ya fue vinculado a proceso.
La revelación fundamental que emerge de esta investigación es la existencia de dos procesos paralelos: uno estatal, donde ya enfrenta cargos, y otro federal por delincuencia organizada, donde la orden de captura permanece inexplicablemente sin ejecutar, planteando serias interrogantes sobre la coordinación y los criterios aplicados por las autoridades ministeriales.
