Ex operador de Los Zetas denuncia protección policial al huachicol en Coahuila

Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, un nombre que resonó en los círculos del crimen organizado tras su condena en EE.UU. por lavar capitales de Los Zetas, ha vuelto a ser noticia. Esta vez, no como acusado, sino como denunciante: asegura que la Policía Estatal de Coahuila ampara el robo de hidrocarburos en la región. “Me han estado culpando injustamente”, confesó en una entrevista exclusiva, sugiriendo que detrás hay intereses de grupos rivales o incluso del propio gobierno local. Su testimonio, cargado de ironía para quien fue extraditado en 2019 y colaboró con la justicia estadounidense, expone una red de complicidades que he visto repetirse en otros estados: cuando las fuerzas de seguridad se convierten en parte del problema.

Conozco de primera mano cómo operan estas estructuras. Durante años, el huachicol ha sido un negocio tan lucrativo como peligroso, donde autoridades corruptas suelen ser el eslabón clave. Muñoz menciona a “los Jaguares”, un grupo policial que, según él, mantiene “secuestrado” al estado. No es la primera vez que escucho esta analogía; en mi trayectoria, he documentado cómo ciertas corporaciones actúan como brazo armado del crimen. Lo revelador aquí es que la acusación proviene de alguien que alguna vez movió millones para los Zetas y hoy, desde su frágil condición de testigo protegido, intenta limpiar su nombre señalando a otros. ¿Estrategia de supervivencia o un destape genuino? La línea es delgada, pero el mensaje es claro: la corrupción sigue siendo el verdadero combustible de este negocio ilegal.

Muñoz, arrestado en España en 2016 por financiar al cártel en Europa, representa un patrón que he analizado en profundidad: los operadores logísticos que caen suelen convertirse en piezas negociables. Su declaración de culpabilidad en Texas y posterior cooperación con las autoridades reflejan un juego de lealtades cambiantes, típico en este entorno. Sin embargo, su denuncia actual podría abrir una nueva grieta en el sistema de impunidad que rodea al robo de combustibles, un delito que, como bien sé, deja más víctimas colaterales que ganancias fiscales. El tiempo dirá si estas palabras son el inicio de una investigación seria o solo otro capítulo en la eterna sombra de la complicidad entre crimen y poder.