Exalcalde de Ahome enfrenta nuevo proceso por arrendamiento irregular

CULIACÁN, Sin. — En un giro que cuestiona los límites de la discrecionalidad gubernamental, el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública. El caso gira en torno al polémico arrendamiento sin licitación de 126 patrullas, un contrato de 171 millones de pesos que ahora enfrenta escrutinio judicial.

¿Es posible reinventar la transparencia en las adquisiciones públicas? Mientras Vargas Landeros insiste en que su decisión respondió a una emergencia operativa —argumentando que solo el 30% del parque vehicular municipal estaba operativo—, el juez de control determinó que él y nueve exfuncionarios de su gabinete deberán enfrentar un proceso penal. Entre los imputados figuran el exsecretario del ayuntamiento, el extesorero y el exsecretario de Seguridad Pública, quienes tendrán que firmar mensualmente como medida cautelar.

El exmandatario, quien ya enfrentaba cargos por abuso de autoridad, calificó la situación como una paradoja: “Se reconoce la precariedad de nuestro equipo, pero se criminaliza la solución inmediata”. Su defensa alega que el arrendamiento —una práctica común en municipios para evitar descapitalización— fue una estrategia financiera legítima. ¿Acaso el sistema actual castiga la agilidad en la gestión pública mientras premia la burocracia?

Este caso abre un debate más profundo: en un México donde el 73% de los municipios reportan problemas de seguridad vial por falta de unidades, ¿deberían revisarse los mecanismos de contratación urgente? Vargas Landeros promete llevar la batalla legal hasta las últimas consecuencias, confiado en que los tribunales validarán su postura. Mientras tanto, el proceso judicial podría convertirse en un referente para futuros casos de adquisiciones públicas bajo presión operativa.

¿Estamos ante un acto de corrupción o una solución imperfecta a un problema real? La respuesta podría redefinir los límites entre la urgencia administrativa y el cumplimiento normativo.