Exgobernador de Guanajuato oculta mansión en Texas a nombre de empresa

La revelación sacude el panorama político: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, exgobernador de Guanajuato, mantiene una lujosa residencia valuada en un millón de dólares en The Woodlands, exclusivo suburbio de Houston, Texas. La propiedad, registrada bajo la empresa DAI LLC, evidencia un intrincado esquema de opacidad, pues esta firma está vinculada a Seguritech, compañía de seguridad beneficiada con contratos millonarios durante su administración.

La mansión de 357 m², adquirida mediante un préstamo hipotecario a 30 años bajo la cláusula de “segunda vivienda”, contrasta con la declaración patrimonial del exfuncionario, quien aseguró no poseer participaciones empresariales. Sin embargo, documentos notariales revelan que Daniel Ezquenazi, representante de Seguritech, figura como gestor de DAI LLC, desatando sospechas de conflicto de interés.

La ironía es palpable: mientras Seguritech acumulaba 2,800 millones de pesos en contratos públicos entre 2012-2021 —incluyendo un polémico proyecto de blindaje tecnológico—, la familia Rodríguez Ramírez disfrutaba vehículos de lujo y una residencia en zona VIP. ¿Coincidencia o modelo de capitalismo clientelar? La pista está en los detalles: el mismo día que finalizaba el préstamo (1 de marzo de 2025), la esposa del exgobernador compartía en redes sociales imágenes de la propiedad.

Este caso expone una arquitectura de opacidad donde empresas pantalla y declaraciones ambiguas —como su afirmación de “rentar una casa normal” para que su familia estudiara inglés— encubren patrimonios suntuosos. Mientras tanto, Seguritech, que inició vendiendo alarmas vecinales, ahora opera en 10 países con contratos cuestionados, incluyendo polémicas vinculaciones con gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador.

La pregunta disruptiva: ¿Es este el nuevo manual de riqueza política, donde los activos se esconden tras sociedades offshore y contratistas privilegiados? El caso Sinhué no es una anomalía, sino un síntoma de un sistema que normaliza la elusión mientras exige transparencia a los ciudadanos de a pie.