Exjuez sancionado aspira a magistratura pese a su historial

Ciudad de México.- ¿Puede un exjuez federal, removido por negligencia y trato preferencial, resurgir como candidato a magistrado? El caso de Álvaro Carrillo Cortés desafía los límites de la ética judicial. Postulado por el Poder Ejecutivo, su nombre figura entre los aspirantes al Vigésimo Octavo Circuito en Tlaxcala, a pesar de que en 2014 la Suprema Corte avaló su no ratificación como juez.

La historia de Carrillo es un laberinto de irregularidades: en 2007 fue suspendido por descuido en 66 amparos, donde ilegalmente desechó demandas o impuso trabas injustificadas. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que su actuación ponía en riesgo la garantía de derechos fundamentales. Además, favoreció a una empleada con permisos irregulares y vacaciones indebidas.

Lo más revelador: sus sentencias fueron recurrentemente modificadas o revocadas por tribunales superiores, un patrón que empeoró en sus destinos en Monterrey, Oaxaca y Tapachula. ¿Por qué, entonces, el Comité de Evaluación del Ejecutivo lo considera idóneo para un cargo superior? La reforma impulsada por Morena permite que exjueces no ratificados —equiparables a destituidos— compitan en elecciones judiciales.

En su currículum enviado al INE, Carrillo omite su salida de la judicatura. Hoy, como abogado independiente tras pasar por el IEEM, su candidatura expone las grietas del sistema: comités evaluadores con discrecionalidad absoluta eliminaron miles de aspirantes en días, pero él superó el filtro. ¿Es este el perfil que merece la magistratura? Un debate urgente sobre transparencia y meritocracia en la justicia mexicana.

La pregunta que resuena: ¿estamos premiando la impunidad o reinventando la justicia? El caso Carrillo no es solo una contradicción, es un espejo de cómo el sistema judicial puede perpetuarse a sí mismo, incluso contra sus propias reglas.