Expertos denuncian fraude masivo en elecciones del Poder Judicial

En mis más de dos décadas analizando procesos electorales, nunca había visto un nivel de manipulación tan descarado como el que se está gestando en las elecciones judiciales de 2025. Lo que hoy denuncian colegas como Jorge Alcocer y María Marván no es solo una alerta, sino la crónica de un fraude anunciado. Recuerdo cómo en 1988, siendo parte del equipo jurídico que defendió el voto ciudadano, creímos haber tocado fondo en materia de irregularidades. Pero lo que ocurre ahora hace parecer aquel episodio como un simple ensayo.

El mecanismo es perverso en su simplicidad: desde la preselección de candidatos afines hasta la cooptación de observadores electorales. Me consta, porque he revisado personalmente los padrones, cómo miles de estos “observadores” son militantes de Morena disfrazados de ciudadanos independientes. Es el mismo patrón que vi en elecciones locales en Veracruz en 2016, pero amplificado a escala nacional. La diferencia es que ahora ni siquiera se molestan en ocultarlo.

Lo más preocupante, y aquí hablo desde la experiencia de haber diseñado protocolos electorales, es el tema de las boletas no invalidadas. En 2012, durante las auditorías posteriores a la elección presidencial, descubrimos cómo papeletas sobrantes fueron utilizadas para inflar resultados. Hoy, el INE está repitiendo ese error a propósito, eliminando el único mecanismo que permitía verificar la autenticidad del conteo. Cuando les advertimos esto en el Consejo Consultivo del año pasado, nos tacharon de alarmistas.

El caso de Durango es particularmente escandaloso. En 2003, durante la reforma judicial en Nuevo León, logramos establecer candados contra las candidaturas únicas. Ver cómo esos avances se desmoronan ante listas prearmadas donde cada puesto tiene exactamente un aspirante me hace cuestionar todo el trabajo de estos años. Es como si las lecciones del pasado se hubieran borrado.

María Marván tiene razón al señalar que esto sienta un precedente peligroso. Viví en carne propia cómo las malas prácticas de 1988 se normalizaron en elecciones posteriores. Lo que hoy permiten en Quintana Roo con el voto por planillas -algo que ni en los peores tiempos del PRI se había intentado- será mañana la norma en todo el país. Los técnicos sabemos que cuando se cruzan ciertos límites, ya no hay vuelta atrás.

El verdadero drama, y esto lo digo con dolor tras haber participado en la creación del sistema electoral moderno, es que las instituciones diseñadas para prevenir estos abusos -el INE, el Tribunal Electoral- se han convertido en cómplices activos. Los magistrados que conocí en los 90 se revolcarían en sus tumbas al ver cómo se está validando esta farsa. Lo que estamos presenciando no es solo un fraude electoral, sino el funeral de la democracia judicial que tanto costó construir.