La búsqueda incansable de justicia por parte de Rosalinda Ávalos, una expolicía estatal, ha dado un giro perturbador. Lo que comenzó como una lucha para esclarecer el brutal homicidio de sus dos hijos, hoy la sitúa en el punto de mira de una maquinaria de poder y amenazas. ¿Quién está realmente detrás de la denuncia penal que ahora pesa sobre ella?
En 2020, la vida de Ávalos se quebró tras un ataque armado que segó la vida de sus hijos. Durante años, la investigación pareció estancarse en un limbo de promesas incumplidas. Sin embargo, en 2025, su determinación la llevó a un acto de valentía sin precedentes: interrumpir una sesión del Congreso de San Luis Potosí para impedir la designación de Sabas Santiago Ipiña como juez. En su testimonio público, Ávalos no solo lo señaló como cómplice del crimen organizado, sino que lo acusó directamente de haber ordenado la agresión contra su familia.
La revelación surtió efecto inmediato. El comité de selección descartó al aspirante al cargo tras confirmar que incumplía requisitos constitucionales. Pero la victoria momentánea desató una contrapartida siniestra. Nuestra investigación ha tenido acceso a documentos que muestran cómo el excandidato presentó una denuncia en contra de Ávalos. Lo más alarmante: el expediente se sustenta en declaraciones de individuos que, según fuentes internas consultadas por este medio, tienen vínculos probados con la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ¿Estamos ante un intento de utilizar el sistema legal para silenciar a una víctima?
Actualmente, Rosalinda Ávalos permanece bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía estatal. En una comunicación obtenida por este equipo periodístico, se le escucha afirmar con angustia: “Estoy en riesgo, me van a matar”. A pesar de que existen nueve individuos detenidos por el doble homicidio, ninguno de los procesos ha avanzado hacia un juicio. Este estancamiento judicial plantea una pregunta crucial: ¿se trata de incompetencia o de una obstrucción deliberada de la justicia?
Las autoridades, incluyendo la Fiscalía de San Luis Potosí y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se han limitado a notificar a Ávalos que se reforzará la vigilancia en su domicilio. Sin embargo, estas garantías parecen insuficientes frente a la magnitud de las fuerzas que se le enfrentan. El caso de Rosalinda Ávalos trasciende su tragedia personal; se ha convertido en un examen contundente a la capacidad del Estado para proteger a quienes denuncian la colusión entre el crimen organizado y las esferas de poder. La pregunta que queda flotando en el aire es una: ¿logrará la verdad abrirse paso antes de que la violencia vuelva a cobrar otra vida inocente?
