Exsubprocurador imputado por enterrar caso de lavado millonario

En un giro digno de una tragicomedia judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido imputar a su propio ex Subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, por el crimen atroz de… ¡archivar papeles! Sí, en este país de maravillas, donde los expedientes desaparecen más rápido que el salario mínimo, ahora resulta que guardar documentos es un delito federal.

El elenco de este esperpento incluye a Gustavo Pineda Buendía, exjefe de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF); María Angélica Sánchez Méndez, secretaria técnica; y Alan Isaac Zamorano Dávila, exagente del Ministerio Público Federal, quienes comparecieron ante un juez para demostrar que en México la justicia es como un reloj descompuesto: da la hora correcta solo por casualidad.

La acusación: obstruir una investigación por el lavado de 720 millones de dólares en la Fundación Mary Street Jenkins. Cifra que, curiosamente, equivale al presupuesto anual de tres estados mexicanos combinados, pero que aquí se manejó con la misma discreción que un elefante en una cristalería.

Muñoz, veterano de la PGR en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, solía encargarse de casos “importantes” como los de Duarte, Robles y Lozoya. Ahora sabemos que su método era simple: si el caso es complicado, mételo al cajón. Y si el cajón se llena, quémalo.

El detalle más hilarante: archivaron el expediente justo cuando faltaban seis actos de investigación clave, incluyendo solicitudes a American Express, la CNBV y el SAT. Es como declarar “no hay drogas” sin revisar los bolsillos del sospechoso. Pero lo mejor fue cancelar las peticiones de información a Estados Unidos y Panamá, esos paraísos donde el dinero mexicano va de vacaciones.

Mientras tanto, Guillermo Jenkins, el denunciante original, se quedó como el invitado al que le cancelan la fiesta por WhatsApp. Los fiscales alegan que no le notificaron el archivo del caso, violando su derecho a impugnar. Clásico: primero te ignoran, luego te enteras por el periódico.

En resumen: un caso que demuestra que en México la justicia es como un juego de escondidas donde los funcionarios siempre ganan. Y si alguien pregunta, recuerden: los documentos se “extraviaron”, las pruebas “no eran concluyentes”, y los 720 millones… bueno, esos deben estar en el mismo lugar donde guardan la dignidad de ciertos exfuncionarios.