La cruda realidad que enfrentan nuestros paisanos
Llevo años observando y analizando la dinámica en nuestras fronteras, y les digo con tristeza que el caso de Matamoros no es una anomalía, sino el síntoma de un problema enquistado. La noticia de que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron separados por extorsionar a connacionales es, al mismo tiempo, una buena señal de reacción gubernamental y un recordatorio amargo de las prácticas que muchos migrantes conocen demasiado bien.
El INM tiene presencia en puntos de internación de frontera norte, en 253 módulos de atención del programa Héroes Paisanos, y ha brindado 377 mil 651 atenciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, tras recibir un video evidencia el jueves pasado, se determinó la separación de los servidores públicos involucrados y el inicio de un proceso de investigación. El hecho ocurrió en el Puente Internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas. En mi experiencia, la grabación por parte de los afectados se ha convertido en la herramienta más poderosa para combatir estos abusos, un cambio radical respecto a hace una década, donde el “dígalo o pague” era la ley no escrita.
El reportaje de EL UNIVERSAL, publicado este domingo, pinta un panorama complejo: cientos de miles de connacionales retornan a México para las fiestas decembrinas no solo enfrentando la política migratoria severa del presidente estadounidense Donald Trump, sino también la violencia en carreteras y la corrupción de autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno. Las exacciones ilegales, conocidas coloquialmente como “mordidas”, oscilan entre 200 y mil dólares por familia, ya sea en retenes, garitas o aeropuertos.
El modus operandi y la psicología del abuso
El diálogo captado en el video es instructivo. El agente no ordena, sino que “ofrece una ayuda”, enmarcando la coima como un servicio opcional para “agilizar” la revisión. Luego recurre al amedrentamiento, advirtiendo sobre los peligros de Matamoros a altas horas de la noche: “No quisiera yo que fueran las 2 de la mañana, se pone más gacho“. Esta táctica de crear ansiedad y luego presentarse como la solución es clásica. He escuchado versiones similares en incontables testimonios; transforman un derecho (un trámite expedito) en un privilegio que se compra.
Sheinbaum Pardo detalló que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al comisionado del INM, Sergio Salomón, revisar el caso de inmediato. Anunció, además, que en 2026 presentará un protocolo generalizado para atender denuncias de corrupción o irregularidades en todas las instituciones federales. Este anuncio es crucial, porque el verdadero antídoto no es actuar caso por caso, sino construir sistemas de rendición de cuentas que disuadan el comportamiento ilícito desde la raíz.
Los canales de denuncia y la lección aprendida
Por su parte, el organismo migratorio reactivó sus líneas de quejas. Cualquier persona que sufra maltrato, discriminación, abuso de autoridad o intento de extorsión puede reportarlo al 800 201 8542 o al 800 004 6264 desde México, y al 1 877 2109469 desde Estados Unidos. También están los correos electrónicos heroespaisanos@inami.gob.mx y derechoshumanos@inami.gob.mx. Mi consejo práctico, derivado de años de acompañar casos: siempre, siempre, guarden el comprobante de la denuncia. Un número de folio es su mejor respaldo.
Paralelamente, el INM puso en marcha el operativo de invierno del programa Héroes Paisanos, que estará vigente hasta el 8 de enero de 2026. La ironía es dolorosa: mientras un brazo del instituto se esfuerza por brindar protección y apoyo a los connacionales—con 253 módulos y cientos de miles de atenciones—, otro brazo, representado por unos cuantos elementos, los depreda. Esta dualidad es la batalla constante dentro de muchas instituciones.
Reflexión final: Este incidente nos deja una lección clara. La supervisión ciudadana, armada con cámaras de teléfono, es hoy un contrapeso real. Pero la solución de fondo no puede recaer en el migrante grabando en secreto. Debe venir de una reforma administrativa profunda, de salarios dignos, de controles internos rigurosos y, sobre todo, de una cultura institucional donde la protección al paisano sea un honor y no una oportunidad de lucro. La credibilidad del Estado se juega en cada garita, en cada mirada de un connacional que solo quiere llegar a casa en paz.
