Familiares de víctimas del Casino Royale piden intervención de EU

Una Búsqueda de Justicia Más Allá de las Fronteras

Catorce años después de que el terror se apoderara de Monterrey, las cicatrices del atentado al Casino Royale permanecen tan abiertas como el primer día. Pero una revelación crucial ha reavivado la llama de la búsqueda de justicia: una de las personas fallecidas en el brutal ataque poseía ciudadanía estadounidense. Esta pieza en el rompecabezas legal ha llevado a los familiares de las víctimas a tomar una decisión sin precedentes: apelar directamente al Gobierno de Estados Unidos para que investigue los hechos.

¿Por qué recurrir a una potencia extranjera? La respuesta, según los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, es una desesperación profunda ante un sistema judicial mexicano que ellos perciben como fallido. En una conmemoración cargada de dolor, un grupo de familiares se congregó hoy en el memorial ubicado sobre Avenida San Jerónimo. Entre flores y veladoras, no solo honraban la memoria de sus seres queridos, sino que también plantaban una bandera de desafío contra la impunidad.

El Grito de Impotencia de los Afectados

Samara Pérez, portavoz de los familiares, expresó con crudeza la frustración colectiva: “Ahora que consideran que son delincuentes terroristas, que caiga todo el peso de la Ley”. Su declaración, obtenida en una entrevista exclusiva, contrasta el destino de los capos mexicanos juzgados en Estados Unidos, como el Z40 y el Z42, con la situación de los indiciados en México. “Aquí todos los indiciados siguen amparados, sentenciados sí, pero amparados todos. El sistema jurídico de nuestro país es muy lento”, denunció.

Esta disparidad en la aplicación de la justicia plantea una pregunta incómoda: ¿es la justicia mexicana capaz de lidiar con crímenes de esta magnitud y naturaleza, o la impunidad es el precio de un sistema sobrepasado?

Una Estrategia Legal Internacional

La próxima movida es clara y calculada. Esta misma semana, los representantes de las víctimas acudirán al Consulado Americano para entregar un expediente formal. Este documento no es solo una petición; es un dosier de evidencias y un argumento legal que busca activar la maquinaria investigativa del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La pregunta subyacente es si la jurisdicción estadounidense puede lograr lo que la mexicana no ha podido en 14 años: una rendición de cuentas completa y expedita.

Este caso podría sentar un precedente monumental, no solo para las familias afectadas, sino para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Revela una ruta alternativa para las víctimas, una que busca saltar las barreras de la impunidad local apelando a la ley internacional. La verdad detrás del Casino Royale, oculta durante más de una década, podría finalmente comenzar a desentrañarse desde un escritorio en Washington.