La derogación del decreto de regularización coloca en manos del Gobierno federal cualquier operativo contra vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera ilegal en México.
La posible implementación de operativos para el decomiso o aseguramiento de autos y camionetas de procedencia norteamericana que no lograron regularizarse dependerá exclusivamente del Gobierno federal, al tratarse de un delito federal, confirmó el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González.
El funcionario explicó que, tras la derogación del decreto de regularización por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado se limitará a integrar un informe sobre los recursos recaudados por este concepto y dar vista a la Federación, sin facultades para ordenar acciones de aseguramiento por cuenta propia.
Ramírez González precisó que la circulación ilegal de vehículos de procedencia extranjera constituye un delito de procedencia ilícita, por lo que cualquier operativo de decomiso corresponde a las autoridades federales, aunque el Estado podría coadyuvar en caso de que así se lo soliciten.
“Es una materia del Gobierno federal. Existe un convenio de colaboración y veremos qué determina la Federación; si nos piden apoyo, se brindará, de lo contrario, corresponde únicamente a las autoridades federales”, puntualizó.
El titular de Finanzas recordó que a los propietarios de estas unidades se les otorgaron varios años para cumplir con el pago de impuestos y derechos de control vehicular, plazo que muchos no aprovecharon, lo que ahora abre la posibilidad de acciones más estrictas por parte de la Federación.
Mientras tanto, los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) instalados en las oficinas fiscales estatales se mantienen a la espera de una definición federal para determinar si continúan operando o se suspende su funcionamiento.
Cabe recordar que, durante la vigencia del decreto, el Repuve validaba la documentación de los vehículos susceptibles de regularización y, posteriormente, las oficinas fiscales estatales realizaban el cobro correspondiente y procedían a la entrega de placas.
La decisión final sobre el futuro de estos vehículos, así como la posible implementación de operativos, quedará en manos del Gobierno de la República, en un tema que mantiene en expectativa a miles de propietarios en distintas regiones del país.
