El senador Gerardo Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena, ha generado un nuevo debate público al anunciar en sus redes sociales la recepción de su Tarjeta del Bienestar. Este hecho adquiere relevancia al contrastarse con su condición de legislador federal, cargo por el cual percibe, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones vigente en el Senado de la República, un salario mensual de 126 mil 800 pesos. La publicación, que incluía una fotografía del plástico, estaba acompañada del mensaje: “Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del Bienestar”, en clara alusión a su incorporación al programa social gubernamental dirigido a personas adultas mayores.
El programa en cuestión, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, es operado directamente por el Gobierno federal y tiene como objetivo contribuir al bienestar de la población mayor de 65 años. El mecanismo de apoyo consiste en un depósito bimestral de 6 mil 200 pesos, que se entrega sin realizar una evaluación previa del nivel de ingresos o la situación patrimonial de los solicitantes. El único requisito de elegibilidad es la edad, un umbral que Fernández Noroña cumplió el pasado 19 de marzo, lo que técnicamente le permitió acceder al beneficio a partir de ese momento.
La reacción en plataformas digitales y en el ámbito político no se ha hecho esperar. Numerosas voces han cuestionado la decisión del senador de no solo recibir el apoyo, sino de hacerlo público de manera celebratoria. La crítica central no se basa en una posible ilegalidad, dado que la normativa del programa no establece exclusiones por nivel de ingresos, sino en un juicio de carácter ético y de percepción social. El debate se centra en la conveniencia de que un servidor público con una remuneración que lo sitúa en el segmento de ingresos más altos del país —muy por encima del salario promedio nacional— opte por canalizar recursos de un programa de asistencia social cuyo espíritu original está dirigido a paliar carencias en sectores vulnerables.
Este episodio pone sobre la mesa una discusión técnica y de diseño de política pública que trasciende el caso particular. Expertos en administración pública y política social señalan que la universalidad sin filtros, si bien agiliza la operación y evita la exclusión errónea de posibles beneficiarios, puede llevar a situaciones donde los recursos, que son finitos, no se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan. Se genera así una tensión entre el principio de universalidad y el principio de progresividad, que busca asignar mayor apoyo a quienes se encuentran en mayor desventaja.
Además, el acto de publicitar la recepción del beneficio introduce una variable comunicacional y política. Para sus detractores, la acción es interpretada como una falta de sensibilidad o una trivialización de un instrumento de apoyo vital para millones de personas que no cuentan con otra red de seguridad económica. Para sus simpatizantes, podría leerse como una reivindicación de un derecho universal, ejerciendo una transparencia radical sobre un programa del que es destinatario por ley. Hasta el momento, el senador Fernández Noroña no ha ampliado información ni ha respondido directamente a las críticas suscitadas, dejando que el gesto y sus implicaciones sigan circulando y analizándose en la esfera pública.
El caso subraya cómo las acciones individuales de figuras públicas pueden catalizar debates estructurales. Más allá de la legalidad del acto, pone a prueba la coherencia entre el discurso político y la práctica personal, y obliga a reflexionar sobre los mecanismos de asignación de los programas sociales en un contexto de recursos limitados. La discusión, por tanto, no se agota en un titular, sino que abre una ventana a preguntas complejas sobre equidad, diseño institucional y la ética en el uso de las redes sociales por parte de quienes ocupan cargos de representación popular.
