La Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir un manual de operación para las fiscalías y unidades especializadas encargadas de la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, como parte del fortalecimiento de la estrategia nacional contra este ilícito.
El acuerdo fue aprobado durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 11 de diciembre y quedó formalizado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con lo establecido, la FGR tendrá como plazo límite el último día hábil de febrero de 2026 para dar a conocer este nuevo documento normativo.
Además, el Consejo instruyó a las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas a presentar ante sus respectivos congresos locales las iniciativas de reforma necesarias para armonizar los marcos jurídicos estatales en materia de extorsión. Dichas acciones deberán ser informadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a más tardar el último día hábil de enero de 2026.
En los acuerdos publicados también se definieron los ejes estratégicos que guiarán la política nacional de seguridad, entre los que destacan el desarrollo del personal de las instituciones de seguridad, el fortalecimiento de sus capacidades operativas, la modernización y estandarización de la infraestructura tecnológica, así como el impulso al sistema penitenciario nacional.
Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó nueve programas de prioridad nacional, enfocados en la profesionalización policial, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, la implementación de la justicia cívica, el desarrollo de capacidades de investigación e inteligencia, la mejora de los sistemas de información, centros de comando y control, registros vehiculares estatales y la infraestructura penitenciaria.
Estas medidas, señaló el Consejo, orientarán el ejercicio de los recursos federales destinados a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de seguridad pública, con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y combatir de manera más eficaz delitos de alto impacto como la extorsión.
