FGR denuncia a jueza por proteger a exgobernador de Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció acciones legales inmediatas contra la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, por lo que calificó como una “protección escandalosa” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusado de desviar más de 3 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles policiales.

Según la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero, la magistrada habría otorgado un trato preferencial al exmandatario al posponer su comparecencia sin justificación legal, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La FGR asegura que la jueza ignoró la ausencia de Aureoles en una audiencia programada para el 9 de mayo y, en cambio, le concedió una nueva fecha para agosto, acto que consideran “parcial y dilatorio”.

El Ministerio Público Federal (MPF) exigió explicaciones a Vargas Alarcón, quien alegó haber dado por comparecido al exgobernador basándose en un documento no ratificado. La fiscalía sostiene que esto evidencia un patrón de protección irregular, ya que la orden de aprehensión contra Aureoles sigue vigente, pero ha sido suspendida de manera cuestionable.

“No hay margen para la impunidad”, declaró la FGR, al confirmar que presentará una denuncia penal contra la jueza y una queja procesal por presuntas irregularidades en el caso. ¿Hasta dónde llega la influencia política en el sistema judicial? Este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción institucional.

La pregunta que queda flotando: ¿Es este un síntoma de un sistema judicial que prioriza conexiones sobre justicia? La respuesta podría redefinir la confianza ciudadana en las instituciones.