Fiscal de Michoacán prohíbe comisiones y retenes ilegales

Una Investigación que Revela el Primer Manotazo sobre el Escritorio

¿Es posible erradicar prácticas arraigadas de corrupción con un simple documento? El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, parece creer que sí. A través de una circular interna identificada como 5/2025, fechada el 25 de agosto y obtenida por este medio, el funcionario emitió una directriz contundente: a partir de este lunes, queda estrictamente prohibido que cualquier servidor público de la Fiscalía General del Estado (FGE) exija, para sí o para un tercero, comisiones, dádivas o contraprestaciones en dinero o en especie.

La orden, dirigida a todos los titulares de las áreas administrativas y operativas, no deja espacio a la ambigüedad. El incumplimiento, advierte el documento, acarreará consecuencias severas. Pero, ¿por qué era necesario emitir esta instrucción? La circular misma ofrece una pista al detallar los trámites donde supuestamente ocurrían estos cobros ilegales, pintando un panorama preocupante: desde la recepción de denuncias y la expedición de constancias hasta la devolución de vehículos asegurados, la restitución de inmuebles e, incluso, la entrega de cadáveres o restos humanos a familias en duelo.

El fiscal argumenta que esta medida se apega a los principios rectores de la institución: certeza jurídica, imparcialidad, honradez y, crucialmente, el respeto a los Derechos Humanos. Sin embargo, un escéptico podría preguntarse si un memorándum es suficiente para desmantelar un sistema de extorsión que, según se infiere, operaba con impunidad.

La investigación no termina ahí. Una segunda circular, la 3/2025, firmada el mismo día, revela otra prohibición de alto impacto. En lo que muchos dentro de la institución han calificado como el primer “manotazo” sobre el escritorio del nuevo fiscal, se ordena al personal ministerial, de policía de investigación y pericial abstenerse de instalar puntos de revisión o retenes en cualquier parte del estado.

Estos retenes, según múltiples testimonios de víctimas recabados en el pasado, eran frecuentemente utilizados como instrumentos de extorsión contra automovilistas y la población en general. La nueva norma establece que la participación de la FGE en controles provisionales será excepcional, únicamente de manera conjunta y coordinada con otras instituciones de seguridad en el marco de las mesas de seguridad establecidas, nunca de forma autónoma.

¿Estamos ante el inicio de una genuina depuración interna o son solo medidas cosméticas? Las circulares dejan claro que la desobediencia será turnada a la Fiscalía de Asuntos Internos o a la Contraloría de la FGE. La verdadera prueba, sin embargo, no estará en el texto de un documento, sino en su aplicación real y en la disminución tangible de las quejas ciudadanas por extorsión. El tiempo, y nuestra persistente labor de vigilancia, tendrán la última palabra.