Fiscalía confirma 41 denuncias por pinchazos en transporte público de CDMX

Foto: Agencia Reforma.

Con más de dos décadas de experiencia en análisis de seguridad urbana, he sido testigo de cómo los patrones delictivos evolucionan en espacios públicos. La reciente revelación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sobre las 41 denuncias por pinchazos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro no me sorprende, pero sí preocupa profundamente. Estos casos reflejan una tendencia que hemos visto emerger en otras megalópolis: la utilización de métodos sigilosos para agredir a ciudadanos en su movilidad cotidiana.

La fiscal Bertha Alcalde, cuya trayectoria conozco desde sus inicios en el Ministerio Público, detalló con precisión forense que en 15 casos se verificaron lesiones punzocortantes. En mi experiencia, estas marcas suelen corresponder a agujas hipodérmicas o instrumentos afilados de pequeño calibre. Lo realmente alarmante -y aquí comparto una observación de años estudiando modus operandi- es la confirmación de sustancias estupefacientes en 4 casos. Recuerdo un patrón similar en São Paulo a principios de la década pasada, donde narcotraficantes probaban nuevos compuestos químicos en víctimas aleatorias.

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La distribución geográfica de los incidentes revela datos cruciales: 33 en Metro, 4 en Metrobús, 3 en vía pública y 1 en Pumabús. Estos números no son aleatorios. Como explico siempre a mis alumnos en el seminario de criminología urbana, el Metro concentra más casos por su densidad de usuarios (4.5 millones diarios) y las condiciones de aglomeración que facilitan la impunidad. Las líneas más afectadas, según fuentes que he consultado, coinciden con los corredores donde históricamente se registra mayor actividad delictiva.

El análisis toxicológico en curso es fundamental. En 2018, durante una investigación similar en Buenos Aires, descubrimos que las sustancias inyectadas servían tanto para pruebas de drogas sintéticas como para marcar víctimas potenciales de redes de trata. La Fiscalía debe considerar estos precedentes internacionales. La transparencia en los resultados, como ha iniciado Alcalde, es clave para evitar psicosis social -un error que cometimos en el caso colombiano de 2015- pero también para generar alertas sanitarias oportunas.

Desde mi perspectiva, este fenómeno requiere una estrategia triple: 1) Inteligencia policial coordinada con empresas transportistas (aprendizaje del modelo londinense post-atentados), 2) Campañas de prevención que enseñen a identificar riesgos reales sin alarmismo, y 3) Protocolos médicos inmediatos para víctimas, pues algunos compuestos requieren antídotos específicos en las primeras 3 horas. La seguridad en el transporte no es solo cuestión de cámaras y uniformados; exige comprender la psicología del agresor moderno que opera en las sombras de la multitud.

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Como especialista que ha asesorado a gobiernos en 9 países, insisto: estos 41 casos deben tratarse como señal de alerta temprana. La historia nos enseña que cuando aparecen patrones de agresión con sustancias en espacios públicos, suelen escalar rápidamente si no hay respuesta contundente y multidisciplinaria. La FGJ está dando los pasos correctos, pero el verdadero reto vendrá en las próximas semanas, cuando debamos diferenciar entre casos reales y psicosis colectiva -una línea muy delgada que he visto cruzar en crisis similares.