Fiscalía de Jalisco investiga a funcionarios por caso Rancho Izaguirre

Foto: Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.— La Fiscalía del Estado aclaró que no tiene investigaciones abiertas contra José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, salvo la iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, anticipan que más servidores públicos serán llamados a declarar por el polémico caso del Rancho Izaguirre.

Este jueves, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que no existen expedientes activos contra el edil, pero la Fiscalía Anticorrupción —encargada de las indagatorias— citará a otros funcionarios vinculados. “La investigación está en marcha y se convocará a quienes sean necesarios para esclarecer los hechos”, declaró.

Mientras tanto, el Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, detalló que el alcalde se encuentra bajo protección en una zona segura de la Comisaría de Sentenciados por temor a represalias. “Recibe atención médica y psicológica, con vigilancia reforzada”, precisó.

En Teuchitlán, las autoridades mantienen operativos coordinados con la policía municipal en zonas turísticas y comerciales. “No hay incremento en delitos patrimoniales, pero reforzamos la presencia”, aseguró Hernández. Además, descartaron irregularidades en el armamento de las comisarías locales, aunque no descartan futuras intervenciones.

Tecnología para proteger a buscadores de desaparecidos

En paralelo, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, liderada por Edna Montoya Sánchez, amplió el programa de pulsos de vida —dispositivos de geolocalización y alerta— para activistas y colectivos. Ya se han distribuido 29 en Zapopan y Lagos de Moreno, con monitoreo en tiempo real desde los centros C4 y C5. “Garantizan respuesta inmediata ante emergencias”, explicó Montoya, mientras el estado adquiere más unidades para ampliar la cobertura.

Este enfoque innovador refleja la adopción de soluciones tecnológicas para enfrentar desafíos sociales, combinando transparencia en las investigaciones y protección a defensores de derechos humanos.