La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha desplegado una investigación de alto nivel, confirmando este lunes la citación obligatoria de servidores públicos de los ámbitos municipal, estatal y federal. Esta medida forma parte de la exhaustiva indagatoria sobre la explosión e incendio que devastaron una sucursal de la cadena Waldo’s en Hermosillo el pasado 1 de noviembre, un siniestro que cobró la vida de 23 personas.
En declaraciones que apuntan a una búsqueda implacable de responsabilidades, el fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas Chávez reveló que el expediente analiza la imposición de sanciones penales, civiles y administrativas. Estas podrían alcanzar tanto a funcionarios como a los propietarios del establecimiento comercial. La pesquisa se centra en un aspecto crucial: determinar si existieron omisiones deliberadas o negligencias en los procesos de supervisión, la emisión de permisos y la implementación de protocolos de seguridad básicos.
“Estamos requiriendo la comparecencia de ejecutivos, gerentes y diversos servidores públicos. Una vez que contemos con toda la información, podremos determinar las figuras delictivas correspondientes”, afirmó el fiscal, en una frase que subraya el carácter gradual, pero decidido, de la investigación.
Una red de investigación se teje entre escombros y testimonios
¿Qué falló en los sistemas de control destinados a prevenir este tipo de catástrofes? Para responder a esta pregunta incómoda, la Fiscalía ha establecido un operativo conjunto que integra a cuerpos de bomberos, peritos en criminalística y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El objetivo dual es garantizar la seguridad del sitio, aún inestable, y avanzar en la recolección meticulosa de evidencia física y testimonial. Hasta la fecha, el equipo investigador ha recabado declaraciones en más de 50 entrevistas a testigos, empleados de la tienda y autoridades con injerencia en el caso.
La carpeta de investigación, un documento que crece con cada nueva pista, combina labores de campo en el lugar de los hechos con un minucioso trabajo de gabinete. Se han cursado oficios de requisitoria a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la corporación Waldo’s de México, solicitando documentación que acredite la operación legal del negocio, sus permisos municipales y su póliza de seguros. Paralelamente, se ha exigido al Ayuntamiento de Hermosillo que entregue todos los reportes de visitas de inspección y verificaciones realizadas con anterioridad al siniestro. La pregunta subyacente es clara: ¿se ignoraron advertencias previas?
El rostro humano de la tragedia: heridos y un traslado crítico
Mientras la maquinaria judicial avanza, el costo humano de la tragedia sigue siendo palpable. El secretario de Salud, José Luis Alomía, proporcionó un parte médico detallado: de las 15 personas lesionadas inicialmente, solo tres permanecen hospitalizadas. Entre los casos más graves se encuentra un adulto mayor de 81 años y una joven de 20 años que, en una decisión logística y humanitaria compleja, será trasladada a una unidad hospitalaria especializada en quemaduras en Arizona, Estados Unidos. Este traslado aéreo en ambulancia medicalizada cuenta con el apoyo del gobierno estatal y la autorización expresa de la familia. Un adolescente de 16 años se mantiene estable y podría recibir el alta médica en las próximas 48 horas, aunque continuará bajo vigilancia domiciliaria.
¿Respuesta institucional o gestión de daños?
Por instrucción expresa del gobernador Alfonso Durazo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está proporcionando acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a los afectados. En un movimiento de alto perfil, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, manifestaron su respaldo a las familias y se comprometieron a agilizar la gestión de pasaportes y visas para el traslado internacional de la paciente. Sin embargo, surge la duda de si estas acciones, aunque necesarias, son suficientes frente a la posible cadena de negligencias que pudo conducir al desastre.
Cierre preventivo y la sombra de la duda sobre todas las sucursales
Una revelación del fiscal Salas Chávez añade otra capa de preocupación a este caso. Pese al cierre anunciado de las 68 sucursales de Waldo’s en Sonora, la mañana de este lunes se detectó personal laborando dentro de algunas de ellas. Esta situación llevó a una determinación contundente: los ayuntamientos mantendrán las tiendas clausuradas de manera preventiva hasta que inspecciones técnicas exhaustivas certifiquen que las condiciones de seguridad estructural y eléctrica son adecuadas. La Fiscalía de Sonora ha reiterado su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos. La conclusión que se vislumbra es que esta tragedia no fue un mero accidente, sino el posible resultado de fallos sistémicos cuya investigación acaba de comenzar.
