Fiscalía investiga abusos en asilo de adultos mayores en San Luis Potosí

La fiscal general de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, confirmó la recepción de dos denuncias formales por presuntos maltratos a residentes del asilo Santa Sofía. Las acusaciones, presentadas por ciudadanos, han activado un protocolo de investigación por lesiones agravadas, aunque los exámenes médicos preliminares no detectaron heridas graves.

¿Qué ocurre cuando la vulnerabilidad institucional se convierte en un riesgo sistémico? Este caso expone grietas en la supervisión de centros geriátricos. Mientras las autoridades analizan medicamentos veterinarios hallados en el lugar —una anomalía inquietante—, los adultos mayores ya cuentan con medidas de protección, incluyendo evaluaciones psicológicas para identificar secuelas emocionales.

El escenario es revelador: al arribo de las autoridades, el lugar estaba desatendido, sin responsables presentes. ¿Fuga premeditada o negligencia estructural? La fiscalía construye las carpetas para determinar responsabilidades penales, mientras algunos familiares optaron por llevar a sus seres queridos a hogares particulares, un acto que refleja desconfianza en el sistema.

Innovar en la protección de adultos mayores exige más que protocolos: urge un modelo disruptivo que combine tecnología de monitoreo en tiempo real, veedurías ciudadanas y alianzas público-privadas. ¿Podrían blockchain para transparentar historiales médicos o inteligencia artificial para detectar patrones de abuso ser parte de la solución? Este caso no es solo un llamado a la justicia, sino a reinventar la dignidad en el cuidado geriátrico.

La fiscal García enfatizó que los análisis determinarán si los fármacos veterinarios fueron administrados a humanos, un hecho que, de confirmarse, podría escalar las acusaciones a tortura o experimentación ilegal. Mientras tanto, la ausencia de detenidos plantea una pregunta incómoda: ¿estamos fallando en prevenir o solo en reaccionar?