En un giro que sacude los cimientos de una de las empresas lácteas más emblemáticas de México, la Fiscalía de la Ciudad de México ha ejercitado acción penal contra dos de los máximos directivos de Grupo Alpura. Los cargos: presunta administración fraudulenta. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta acusación formal que trasciende un mero pleito corporativo?
Los investigados son Francois Xavier Boyra, Consejero Delegado de la corporación, y Jorge Armando Mercado Pérez, Director Financiero de Ganaderos Productores de Leche Pura S.A.P.I. de C.V., una de las cuatro subsidiarias del grupo. La justicia los ha citado a una audiencia inicial este jueves, bajo la advertencia de que su inasistencia injustificada podría derivar en una orden de comparecencia forzosa.
La pesquisa judicial, que ahora toma un cariz penal, no surge de la nada. Se origina en una denuncia presentada por José Barroso Solana, un accionista que durante años ha librado una batalla legal en los tribunales civiles contra la empresa. Su acusación es grave: asegura que los administradores de segunda generación ejecutaron maniobras para diluir la participación de los socios fundadores y retener de manera irregular sus dividendos. El destino final de esos fondos, según su testimonio, permanece en la opacidad.
La investigación periodística de este medio ha revelado que el núcleo del conflicto podría ser una práctica institucionalizada: la presunta negativa sistemática a entregar a los accionistas los informes de estados financieros con la anticipación que la Ley General de Sociedades Mercantiles exige. Este hecho, por sí solo, ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como causal suficiente para interponer una demanda.
Fundada en 1973 por un grupo de ganaderos y productores queretanos, Alpura se ha convertido en un coloso industrial. Sin embargo, su estructura accionaria, integrada por las mismas personas y administrada por un único Consejo y Dirección Generales, según sus propios estatutos, ahora es escrutada bajo el lente de la ley. La pregunta que flota en el ambiente es incisiva: ¿estamos ante un caso de mala gestión o ante un esquema deliberado de elusión de las obligaciones fiduciarias con los accionistas originales?
La audiencia ante el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos marcará el primer paso formal en un proceso que promete desentrañar las complejas capas de gobierno corporativo y la distribución de utilidades en una de las empresas más tradicionales del país. Las revelaciones que surjan podrían redefinir no solo el futuro de sus ejecutivos, sino la comprensión misma de las prácticas de governance en las grandes empresas familiares mexicanas.
