CIUDAD DE MÉXICO.- Una partida presupuestal de 50 millones de pesos, surgida de un sorteo, se presenta como la nueva herramienta del gobierno mexicano para enfrentar la crisis legal de sus connacionales en Estados Unidos. Roberto Velasco Álvarez, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció la inversión, pero una mirada más profunda obliga a preguntarse: ¿este monto representa un cambio sustancial o es un paliativo ante un desafío de dimensiones colosales?
El destino del fondo: ¿Una estrategia o un acto de fe?
Según la exposición de Velasco durante la conferencia matutina presidencial, el sorteo “México con M de Migrante” recaudó 115 millones. La pregunta que surge de inmediato es por qué solo esta fracción —poco menos de la mitad— se dirige específicamente a la representación jurídica y al pago de fianzas migratorias. El funcionario detalló que el dinero servirá para contratar personal especializado en consulados bajo mayor presión por redadas y operativos, y para liberar a detenidos mediante fianzas. “Para que las personas puedan enfrentar estos procesos en libertad”, declaró. Sin embargo, su propia estimación —entre 200 y 250 beneficiarios potenciales— revela la cruda matemática: un promedio de 200,000 a 250,000 pesos por caso. En el intrincado y costoso sistema judicial estadounidense, ¿hasta dónde alcanzará realmente este recurso?
Las capas ocultas de la protección consular
La investigación periodística descubre que la estrategia tiene más componentes. Otros 10 millones se destinarán a un programa de visitas a centros de detención, una labor de inteligencia y vigilancia fundamental. Hasta ahora, la red consular ha realizado más de 9,300 visitas, un promedio de 28 diarias. Esta presencia es crucial para documentar abusos y establecer el primer contacto, pero también expone la magnitud del sistema carcelario migratorio. Además, los datos oficiales ofrecen un testimonio revelador: de más de 145,000 personas repatriadas, más de 130,000 recibieron algún tipo de asistencia. La cifra, presentada como un logro, plantea inevitablemente la pregunta inversa: ¿qué pasó con las otras 15,000?
Conectando los puntos: entre la repatriación y la defensa
El rompecabezas se completa con otras piezas: 3,848 casos canalizados a asesoría legal externa y 75 repatriaciones médicas. Estos números, dispersos en el anuncio, son esenciales. Sugieren que el modelo, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca ser integral: desde la prevención y difusión de derechos hasta la defensa en cortes y la atención en casos extremos. El sorteo, por tanto, no es solo un mecanismo de recaudación, sino la punta de lanza de una narrativa oficial que busca mostrar acción contundente.
La conclusión de este rastreo periodístico es dual. Por un lado, se evidencia un esfuerzo por institucionalizar y financiar una defensa más agresiva, moviendo recursos a la primera línea de fuego en consulados clave. Por otro, las cifras y los alcances declarados dejan al descubierto la desproporción entre los recursos disponibles y la escala monumental del fenómeno migratorio. La verdadera revelación no está en el anuncio de los 50 millones, sino en la historia que cuentan los datos entre líneas: una batalla legal donde cada peso, y cada fianza, es una trinchera en una guerra mucho más grande y compleja.
