Fuerza Civil de Nuevo León lidera ranking nacional de seguridad

MONTERREY, NL. — ¿Qué hay detrás del sorprendente ascenso de la Fuerza Civil de Nuevo León como la policía estatal mejor evaluada de México? Los datos del INEGI revelan cifras históricas: 75% de confianza ciudadana y 76% de percepción positiva, pero ¿cómo se logró esta transformación en un estado que enfrentó graves crisis de seguridad?

Documentos obtenidos por este medio muestran una inversión sin precedentes: más de 30 mil millones de pesos en tres años destinados a equipamiento táctico, inteligencia policial y modernización de infraestructura. Sin embargo, expertos consultados cuestionan si el factor clave fue realmente económico. “Los números de reducción de feminicidios (92%) son extraordinarios, casi inverosímiles sin un cambio de metodología”, advierte el analista en seguridad Jorge Méndez.

Fuentes internas revelan que la estrategia incluyó un rediseño radical del patrullaje preventivo y la creación de células especializadas en delitos de alto impacto. “El modelo Black Mamba cambió las reglas del juego”, confiesa un oficial bajo condición de anonimato, refiriéndose a las unidades blindadas que operan en zonas críticas.

Pero la verdadera prueba, según testimonios recogidos en colonias conflictivas, llegó con la implementación del programa “Vecino Seguro”, que redujo en 30% los delitos patrimoniales mediante vigilancia comunitaria. “Antes veíamos pasar las patrullas; ahora los agentes bajan, conocen y actúan”, relata María González, comerciante del centro de Monterrey.

El gobernador Samuel García anunció mejoras salariales y bonos extraordinarios, pero omitió mencionar el controvertido sistema de evaluación por resultados que, según denuncias filtradas, habría generado presiones internas por alcanzar metas. ¿Estamos ante un modelo replicable o tras los números hay sacrificios institucionales no declarados?

Lo innegable es que, por primera vez en 14 años de mediciones, el INEGI coronó a una policía estatal fuera de la CDMX. La pregunta que queda flotando: ¿podrá Nuevo León sostener este frágil equilibrio entre efectividad policial y derechos ciudadanos?