Gaseros exigen ajuste tarifario para evitar paro nacional en junio

La industria del gas licuado de petróleo (LP) en México se encuentra en un punto de inflexión crítico. Más que una simple disputa por precios, este conflicto revela las fallas estructurales de un modelo energético que prioriza el control sobre la innovación. ¿Qué pasaría si, en lugar de limitarnos a debatir sobre aumentos tarifarios, repensáramos completamente la distribución energética?

La capital mexicana se convierte en el epicentro de una batalla que podría redefinir el acceso a energía en el país. Las empresas distribuidoras plantean un escenario radical: sin un ajuste inmediato de 4.24 pesos en el precio del gas LP, paralizarán operaciones en junio, afectando a 100 millones de personas que dependen de este combustible esencial.

Este conflicto va más allá de números: representa el choque entre regulación estatal y sostenibilidad empresarial. Los operadores denuncian que los topes de precios implementados desde 2021 han creado un efecto dominó devastador: despidos masivos, inversiones paralizadas y una infraestructura al borde del colapso. La llamada “Tarifa de Distribución” redujo sus ingresos hasta en 50%, imposibilitando cubrir costos operativos básicos.

La ironía es palpable: mientras el gobierno busca garantizar accesibilidad, sus medidas podrían generar exactamente lo contrario – un desabasto nacional. La solución no está en mantener precios artificialmente bajos, sino en reinventar el modelo. ¿Por qué no considerar esquemas de subsidios directos a usuarios vulnerables en lugar de distorsionar todo el mercado?

El sector gasero lanza una advertencia contundente: “Reestructuración o cierre masivo”. Con el 76% de los hogares mexicanos dependiendo del gas LP para cocinar y calentar agua, esta crisis podría convertirse en una emergencia nacional en cuestión de semanas. La pelota está ahora en la cancha del gobierno: ¿priorizará el control a corto plazo o la sostenibilidad del sistema energético?

Mientras tanto, la falta de diálogo con la Secretaría de Energía profundiza la incertidumbre. En un país donde la energía debería ser puente para el desarrollo, se ha convertido en campo de batalla. La pregunta clave: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de no innovar?