Alejandro Gertz Manero ha presentado formalmente su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República ante el Senado de la República, marcando el fin de un mandato que inició en 2019 durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento se produce en un contexto de transición gubernamental y representa uno de los cambios más significativos en la estructura de procuración de justicia del país.
La dimisión responde a una propuesta concreta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo ha designado como embajador de México ante un país amigo. En la comunicación oficial dirigida al Senado, Gertz Manero fundamenta su decisión señalando que esta nueva encomienda le permitirá continuar su servicio a la nación, ratificando así su vocación de servicio público de larga trayectoria. El documento establece claramente que, a partir de la fecha de su presentación, el fiscal se retira de su cargo con todos los efectos legales correspondientes.
El proceso de sucesión se activa inmediatamente, siguiendo los estrictos protocolos establecidos en el marco constitucional y legal. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, la renuncia del titular debe ser sometida para su aceptación y aprobación del Senado por mayoría simple. Este procedimiento solamente procede por causa grave así calificada por la Cámara alta, lo que añade un nivel de escrutinio adicional al proceso.
La mecánica de designación del nuevo fiscal general está minuciosamente detallada en el artículo 102 de la Constitución Política. El procedimiento establece que, una vez formalizada la ausencia del titular, el Senado dispone de un plazo perentorio de veinte días para enviar a la Presidencia de la República una lista de diez candidatos. Esta lista requiere la aprobación de dos terceras partes de los legisladores presentes, garantizando así un amplio consenso en la selección inicial.
Posteriormente, el Ejecutivo federal cuenta con otros diez días para elegir de esa lista una terna de candidatos que será remitida nuevamente al Senado. En esta fase crucial, los candidatos propuestos deben comparecer ante el pleno senatorial, donde se someten a un proceso de evaluación y escrutinio público. La elección final requiere nuevamente el voto favorable de dos terceras partes de los legisladores presentes, estableciendo un filtro de alta exigencia democrática.
El marco legal prevé una salvaguarda importante: si el Senado no realiza la designación dentro de los plazos establecidos, corresponde al Ejecutivo federal designar al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Este mecanismo evita que la vacancia en el cargo se prolongue indefinidamente, asegurando la continuidad institucional de la Fiscalía.
La trayectoria profesional de Gertz Manero aporta contexto significativo a este cambio. Con formación en la Escuela Libre de Derecho y doctorado por la UNAM, su carrera incluye experiencias diversas en el servicio público: desde la rectoría de la Universidad de las Américas hasta la secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y posteriormente en el ámbito federal durante la administración de Vicente Fox. Su incorporación al equipo de transición de López Obrador en 2018 marcó el preludio de su designación como el primer fiscal general bajo el nuevo sistema de justicia penal.
Entre los nombres que han surgido como posibles sucesores se encuentran figuras como Ernestina Godoy, actual fiscal de la Ciudad de México, y Arturo Zaldívar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia. La selección final dependerá de complejas negociaciones políticas y del cumplimiento estricto del procedimiento constitucional, en un proceso que pondrá a prueba los mecanismos de designación de altos cargos en el actual contexto político.
Este cambio al frente de la Fiscalía General ocurre en un momento particularmente sensible para la procuración de justicia en México, donde la institución enfrenta desafíos significativos en materia de eficacia, transparencia y credibilidad pública. La designación del próximo fiscal general representará no solo una decisión administrativa, sino una declaración de principios sobre el rumbo que tomará la política de justicia en los próximos años, considerando que el cargo está concebido para un periodo de nueve años, lo que otorga una considerable independencia y continuidad a su titular.
