Gobernador propone reforma para restaurar pensiones en Yucatán
Tras una investigación exhaustiva que revela el impacto de las reformas anteriores, el gobernador Joaquín Díaz Mena ha enviado al Congreso local una iniciativa que promete corregir lo que califica como una “injusticia histórica”. ¿Qué motivó realmente los cambios implementados por la administración pasada de Mauricio Vila Dosal? Documentos internos y testimonios de trabajadores consultados pintan un panorama de descontento y precariedad financiera para los servidores públicos.
La iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) no solo busca revertir medidas polémicas, sino que plantea un rediseño completo del sistema previsional. La propuesta elimina el controversial salario regulador –un mecanismo que según expertos consultados reducía significativamente los montos pensionarios– y lo sustituye por el salario de cotización basado en el promedio de los dos últimos años de remuneración.
Pero la investigación revela detalles aún más significativos: la iniciativa reduciría la edad para acceder a una pensión de 65 a 55 años, siempre que se cuente con al menos 15 años de servicio. Además, disminuiría los años de cotización necesarios de 35 a 30 años para hombres y a 28 para mujeres, mientras que la jubilación voluntaria pasaría de 20 a 15 años de servicio.
Quizás el elemento más revelador es la prohibición expresa al ISSTEY para realizar inversiones riesgosas, una medida que surge tras el análisis de estrategias financieras anteriores que pusieron en peligro el fondo pensionario. ¿Estamos ante el reconocimiento tácito de malas prácticas de gestión durante administraciones previas?
La congelación al 9 por ciento de la cuota que deben pagar los servidores públicos en transición completa un paquete de medidas que, según el gobierno actual, garantizará “justicia, certeza y estabilidad” en las pensiones. Sin embargo, persiste la pregunta crucial: ¿esta iniciativa representa realmente la restauración de derechos arrebatados o es una maniobra política que merece escrutinio independiente?
La advertencia final del gobernador –”estar en contra de esta iniciativa es estar en contra de los trabajadores del Estado”– cierra un capítulo de esta investigación pero abre otro: el de la batalla legislativa que determinará el futuro económico de miles de familias yucatecas.
