Tras años de observar la intricada relación entre la violencia, la información y el poder, he aprendido que un video como el que circuló esta semana, atribuido a un grupo autodenominado “Cartel de Sinaloa”, nunca es un hecho aislado. Es una pieza más en un tablero de ajedrez donde se juegan reputaciones, miedos y control. La gobernadora Margarita González Saravia ha señalado, con acierto, los claros tintes políticos de esta difusión. En mi experiencia, cuando el crimen organizado se dirige directamente a las instituciones con acusaciones específicas, el objetivo principal no es la denuncia, sino la desestabilización y la siembra de duda en la población.
El caso de Javier Chávez, cuyo nombre fue mencionado y quien acudió de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia, es un movimiento crucial. He visto cómo la inacción frente a estas imputaciones puede ser tan dañina como las calumnias mismas. La respuesta pronta y dentro del marco de la ley es la única manera de desactivar la narrativa del escándalo que estos videos pretenden crear. No se trata solo de defender a una persona, sino de proteger la integridad de la función pública.
La gobernadora ha expresado su respeto hacia los medios de comunicación, un valor esencial en cualquier democracia. Sin embargo, también ha rechazado con firmeza lo que califica como calumnias y mentiras. Este es un delicado equilibrio que todo gobierno debe aprender a manejar: cooperar con la prensa libre mientras se defiende de campañas de desprestigio. La clave, que he atestiguado una y otra vez, está en la transparencia y en confiar en que, a la larga, la verdad de los hechos supera al ruido de la manipulación. La petición formal para que las autoridades competentes investiguen el origen y la veracidad del material audiovisual es el camino correcto. Dejar una pieza de esta naturaleza sin una investigación profunda es un error que puede costarle caro a la estabilidad de cualquier administración.
