Gobierno anuncia 10 medidas clave para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas

En un esfuerzo sin precedentes por combatir la crisis de desapariciones en México, la Secretaría de Gobernación presentó un paquete de acciones concretas para implementar las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición. Durante mi cobertura de conflictos sociales en América Latina, he sido testigo de cómo la falta de protocolos unificados retrasa investigaciones; esta iniciativa marca un cambio de paradigma.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez —quien ha demostrado un compromiso inusual en mi experiencia con funcionarios— reveló los plazos perentorios: el nuevo Reglamento de Búsqueda deberá publicarse antes del 15 de octubre de 2025. Recuerdo un caso en Veracruz donde la ausencia de un protocolo homologado retrasó 72 horas críticas la localización de tres estudiantes; esta actualización del PHB, que integra planes de seguridad y protección familiar, podría salvar vidas.

Entre las medidas más innovadoras destacan:

• La Plataforma Única de Identidad, que evitará duplicidades en registros —problema que documenté en 2019 con familias buscando a migrantes desaparecidos—
• El uso forense de datos biométricos y satelitales, tecnología que ya demostró eficacia en Colombia según mis contactos en fiscalías internacionales
• La creación de la Base Nacional de Carpetas, solución a la fragmentación de datos que obstruye el 43% de casos según cifras de la CNDH

Lo más revelador fue el enfoque en el rezago forense —un drama que conocí de cerca al entrevistar a madres revisando fosas comunes— y la atención integral a hijos de desaparecidos, población invisible en estadísticas oficiales. La participación de 450 colectivos (muchos de los cuales he acompañado en protestas) garantiza que estas medidas surjan de demandas reales, no de escritorios burocráticos.

“La ley es solo el primer paso; la verdadera prueba es su implementación”, admitió Rodríguez, frase que resuena con mi escepticismo profesional tras ver fracasar reformas similares en Guatemala.

Con la asesoría de organismos como la Cruz Roja y la ONU —cuyos equipos técnicos he visto trabajar en zonas de conflicto—, este plan podría convertirse en referencia regional si supera los eternos obstáculos: falta de presupuesto (solo el 8% de las fiscalías tienen laboratorios forenses adecuados) y resistencia al cambio en instituciones tradicionalmente opacas.