CIUDAD DE MÉXICO. — Tras las devastadoras precipitaciones que sumergieron a cinco estados de la República, una pregunta crucial emerge de los escombros: ¿cuál es el plan real para los miles de ciudadanos que lo perdieron todo? La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha desvelado oficialmente la estrategia, pero una investigación periodística persiste en indagar más allá del anuncio protocolario.
Montiel Reyes declaró que, a partir de este miércoles, se distribuirá un primer auxilio económico de 20 mil pesos a las familias afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Sin embargo, la verdadera dimensión del apoyo no se limita al efectivo. Nuestra investigación confirma que cada beneficiario, previamente censado, recibirá también un vale para la adquisición de enseres domésticos —refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador— y otro para una canasta alimentaria de subsistencia. ¿Pero están todos los damnificados en el padrón? El censo oficial, según documentos a los que hemos tenido acceso, registra hasta el momento 70,445 viviendas evaluadas, una cifra que exige un escrutinio constante.
El cronograma de entrega, detallado en la conferencia de prensa, plantea un interrogante sobre la logística: los pagos en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí se efectuarán del 22 al 29 de octubre. Para Hidalgo, donde el proceso de censo aún continúa, la distribución se postergará del 25 de octubre al 5 de noviembre. Los afectados deberán presentar el talón del censo y una identificación oficial, un requisito que podría convertirse en una barrera para quienes perdieron sus documentos en la tragedia.
Al profundizar en las capas del Plan Integral de Apoyo, surge una segunda fase de asistencia, más sustancial y diferenciada. Según el grado de devastación de la vivienda, los montos varían: 70 mil pesos para pérdida total, 40 mil para daños mayores y 25 mil para afectaciones medias. Pero la revelación más significativa, obtenida a través de testimonios y el análisis del plan, es la estrategia de reubicación de viviendas asentadas en laderas de ríos, una medida preventiva largamente demandada por especialistas.
La investigación no se detuvo en las viviendas. Se descubrió que el programa se extiende a comercios locales, con un apoyo de 50 mil pesos, y a productores del campo, quienes recibirán entre 50 y 100 mil pesos en función de las hectáreas dañadas. Incluso se contempla un apoyo de 350 pesos para la reposición de útiles escolares, un detalle que evidencia la escala multidimensional de la catástrofe.
La infraestructura pública tampoco fue ignorada. Testimonios oficiales confirman que 282 clínicas de salud y 75 escuelas resultaron afectadas. Estas recibirán 500 mil y 200 mil pesos adicionales, respectivamente, provenientes de los seguros contratados, lo que abre una nueva línea de indagación sobre la eficacia de esas pólizas.
La conclusión más reveladora de esta pesquisa es el componente de reactivación económica. Por instrucción presidencial, se lanzará “Empleo Construyendo el Futuro“, un programa que contratará a 50 mil personas por cuatro meses con un salario de 8,500 pesos mensuales para la recuperación de caminos. Paralelamente, en el severamente castigado estado de Veracruz, se registrará a 5 mil jóvenes para participar en acciones de limpieza en municipios como Álamo y Poza Rica.
La narrativa oficial pinta un plan robusto, pero la verdadera historia se escribirá en las calles y comunidades. La persistente labor de verificación periodística será fundamental para determinar si estos compromisos se materializan completamente y logran revertir la profunda crisis humanitaria.
