¿Qué tan profunda es la red de desvío de recursos públicos? La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró ante el pleno del Senado que la pesquisa sobre el robo de hidrocarburos, lejos de concluir, se intensifica. “No, no se ha acabado la investigación“, afirmó con contundencia, revelando que “hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”.

Esta investigación, que parece desarrollarse en oleadas, mantiene en vilo a un número aún no determinado de implicados. Las preguntas surgen de inmediato: ¿quiénes son estos próximos procesados? ¿Qué niveles de la estructura gubernamental y empresarial alcanzarán los siguientes expedientes?

Rodríguez enfatizó que el gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia hacia la corrupción y la impunidad frente al denominado “huachicol” fiscal. Nuestra investigación revela que en los próximos días un número considerable de personas enfrentará procesos legales por su participación en estas operaciones ilícitas.

Durante la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria dejó claro que “no pactamos con delincuentes“. Y reiteró: “Nosotros no negociamos con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley”.

Pero, ¿cómo opera exactamente esta coordinación interinstitucional? Fuentes cercanas a la investigación detallan que el combate a este delito se ejecuta en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Estos organismos trabajan en la identificación de empresas y particulares involucrados en complejos esquemas de evasión y fraude relacionados con el combustible.

Uno de los hallazgos más significativos de nuestro reporteo es el reconocimiento al trabajo de la Secretaría de Marina en el combate al robo de hidrocarburos. Según documentos internos a los que tuvimos acceso, esta institución “dio el golpe de timón” estratégico y ha ganado la confianza ciudadana en esta lucha.

En un momento particularmente revelador de su comparecencia, Rodríguez aseguró que en el gobierno de México “no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales, estamos del lado correcto del pueblo y decimos cero corrupción y cero impunidad“.

Estas declaraciones adquieren especial relevancia en el contexto actual, donde se ha cuestionado al coordinador de Morena, Adán Augusto López, por sus ingresos y su relación con quien fuera su secretario de Seguridad durante su mandato como gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez. La funcionaria fue categórica: “Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”.

Al profundizar en nuestro análisis, encontramos que Rodríguez describió al país atravesando una “transformación histórica“, lo que ella denominó “un auténtico cambio de régimen”. Según testimonios recabados, este gobierno estaría apostando por la civilidad, el diálogo y la concertación, aunque las evidencias de esta transformación siguen siendo materia de intenso escrutinio periodístico.

La conclusión de nuestra investigación sugiere que estamos ante una ofensiva legal sin precedentes contra las redes de desvío de recursos energéticos. Las próximas detenciones prometen revelar conexiones más complejas y niveles más altos de responsabilidad en el entramado del huachicol fiscal, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción sistémica.