Gobierno autoriza aumento en margen de ganancia para distribuidores de gas LP

Tras meses de negociaciones opacas, la administración federal cedió parcialmente a las presiones del sector gasero al incrementar el margen comercial para distribuidores de gas licuado de petróleo (LP) de 2.6 a 3.51 pesos por litro. Sin embargo, documentos internos obtenidos por nuestro equipo revelan que este ajuste dista del reclamo inicial de 4.5 pesos exigido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), planteando interrogantes sobre los verdaderos costos operativos del sector.

Fuentes cercanas a las mesas de trabajo en la Secretaría de Energía confirman que la nueva tarifa de 6.50 pesos por kilogramo (equivalente a 3.51 pesos por litro) fue presentada como un “piso mínimo nacional”, pero con cláusulas ambiguas que permitirían revisiones discrecionales. “Es un parche temporal que no resuelve el problema estructural de la fórmula de precios”, admitió bajo condición de anonimato un funcionario involucrado en las negociaciones.

Nuestra investigación detectó inconsistencias alarmantes: mientras la industria argumenta crisis logística por los costos de transporte, la fórmula oficial ignora variables clave como el precio internacional del propano -materia prima fundamental- cuyo valor se disparó 38% en los últimos 12 meses según datos de la OPEP. ¿Por qué el gobierno insiste en omitir estos factores? Registros del Banco de México muestran que el gas LP representa el 15% del gasto energético en hogares de bajos ingresos, lo que explicaría la resistencia a mayores ajustes.

La fragmentación regional del mercado añade otra capa de complejidad. Reportes internos de Amexgas obtenidos exclusivamente por este medio detallan cómo los márgenes operativos varían hasta un 210% entre municipios, con pérdidas críticas en 17 entidades federativas. “No es viable mantener una red nacional con tarifas que no cubren ni el diesel para los camiones cisterna”, denunció en entrevista el presidente del sindicato de transportistas de hidrocarburos.

Este medio tuvo acceso al borrador del “Mecanismo de Actualización de Costos” que desde marzo circula entre autoridades y empresarios. El documento -marcado como confidencial- propone indexar trimestralmente las tarifas a indicadores internacionales, pero contiene vacíos legales que podrían derivar en sobrecostos para consumidores finales. Mientras tanto, 23 millones de familias mexicanas continúan pagando precios volátiles por un combustible esencial, atrapadas en la pugna entre reguladores y distribuidores.

La pregunta queda flotando: ¿Quién realmente gana con este aumento? Análisis de datos históricos sugieren un patrón preocupante: los últimos 4 ajustes tarifarios precedieron incrementos promedio del 7.2% en el precio al público, según registros de Profeco. Esta vez, las autoridades prometen monitoreo estricto, pero los mecanismos de verificación siguen sin hacerse públicos. El gas LP se consolida como otro frente en la batalla por la soberanía energética, donde las cifras oficiales y las realidades del mercado parecen vivir en universos paralelos.